Una unidad de la Policía Nacional fue blanco de un atentado en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, en la noche del sábado 24 de mayo.
El hecho ocurrió en el sector de Morichal, donde fue activado un artefacto explosivo al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (Goes).
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Como resultado del ataque falleció el subintendente Luis Argote, quien fue trasladado al hospital de Villa del Rosario tras el impacto, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas. Otro uniformado también resultó lesionado y fue remitido a un centro asistencial donde permanece bajo observación médica.
Testigos del suceso compartieron en redes sociales grabaciones en las que se escuchan múltiples disparos luego de la explosión, lo que indicaría que la acción armada no solo fue con explosivos sino también con armas de fuego.
Este atentado ocurre en un contexto de creciente tensión en la región, donde recientemente se conoció un mensaje atribuido a alias Richard, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc.
Según información difundida por medios nacionales, este cabecilla habría ordenado a sus estructuras de las disidencias urbanas en Cúcuta y Ocaña confrontar directamente a grupos criminales que, según sus declaraciones, estarían operando en los cascos urbanos de esas localidades.
El comunicado que se atribuye a alias Richard también contiene acusaciones directas contra miembros del Gaula y de la Policía Nacional.
En su mensaje, señaló: “Hasta el día de hoy no miramos que las autoridades hagan nada”, sugiriendo una supuesta colaboración de funcionarios con organizaciones delictivas en el municipio de Ocaña.
En su declaración también hizo referencia al grupo conocido como AK-47, al que responsabiliza de intimidaciones contra empresarios, comerciantes y ciudadanos en general.
Estos señalamientos han incrementado la preocupación entre autoridades locales, que ven con alarma una posible escalada de violencia y enfrentamientos entre facciones armadas.
De acuerdo con reportes periodísticos, alias Richard solicitó además a las redes urbanas de su organización actuar contra lo que describió como un incremento de la criminalidad en el departamento.
En ese mismo pronunciamiento, instó a las autoridades gubernamentales, tanto locales como nacionales, a crear oportunidades laborales dirigidas a jóvenes, advirtiendo que la ausencia de empleo está contribuyendo al deterioro de la seguridad.
Al mismo tiempo, las alertas también se han encendido por un supuesto plan pistola que estaría siendo planeado por grupos criminales transnacionales contra personal directivo de la Cárcel Modelo de Cúcuta.
Este tipo de amenazas suelen relacionarse con represalias frente a decisiones o acciones adoptadas por el Estado contra redes delictivas que operan desde los centros penitenciarios.
En medio de este panorama, el Gobierno nacional anunció la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Esta decisión fue formalizada a través de la resolución ejecutiva 161 del 23 de mayo de 2025, y tiene como objetivo principal permitir que esta facción del autodenominado Estado Mayor Transitorio avance en su tránsito hacia la reincorporación a la vida civil.
La zona habilitada se encuentra en el área rural del municipio de Tibú, también en Norte de Santander. Su funcionamiento está previsto por un periodo de siete meses, durante el cual quedarán en suspensión las órdenes de captura nacionales e internacionales, incluidas las solicitudes de extradición, siempre que los nombres de los beneficiarios figuren en un listado previamente entregado por los representantes del grupo armado y aceptado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Sin embargo, tanto la ubicación exacta de esta zona como las condiciones de seguridad y logística no han sido divulgadas públicamente. Estos aspectos fueron consignados en anexos técnicos de carácter reservado.
El Gobierno estableció un plazo de 45 días para que se concrete el traslado de los integrantes del Frente 33 a esta zona, así como para la adecuación del terreno. No obstante, aún no se ha informado qué mecanismos de verificación se utilizarán para asegurar que el grupo armado cumpla con los compromisos pactados. Tampoco se ha revelado si habrá organismos nacionales o internacionales encargados del monitoreo del proceso.
La situación de seguridad en Norte de Santander continúa siendo compleja, con múltiples actores armados disputando el control de los territorios. La combinación de atentados, pronunciamientos de grupos ilegales y acciones gubernamentales configuran un escenario que mantiene en alerta tanto a las autoridades como a la población civil.
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