Esta es la ‘tabla’ que asignaría contratos a congresistas a cambio de votos, según salpicados por escándalo de la Ungrd

En medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación en el mayor escándalo de corrupción, que involucra a congresistas, funcionarios y exasesores del Gobierno nacional, sigue dando nuevas pistas de cómo funcionarían las presuntas entregas de contratos a los legislativos.

De hecho, la declaración de una exasesora del Ministerio de Hacienda entregó al ente acusador información que desnuda un mecanismo sistemático para condicionar votos en el Congreso mediante la distribución de millonarios contratos públicos.

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El caso está relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). María Alejandra Benavides, que trabajó bajo el exministro Ricardo Bonilla, detalló que en el Ministerio se pactaban cada año “tablas o matrices con cupos indicativos para congresistas”, un sistema para “direccionar” proyectos y contratos hacia parlamentarios seleccionados.

Sobre el manejo de esta información, la exasesora relató: “Nunca toques estos temas por Whatsapp, solo recibe sobres cerrados en el momento en que el ministro te los autorice. No mires los sobres, busca el radicado por la parte de arriba y ya. Nunca mires los sobres”.

Benavides atribuye la creación y administración de estas tablas a Andrea Carolina Ramírez, quien fue su jefa directa y coordinadora del relacionamiento entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso durante casi una década.

“Ella es quien me da las instrucciones. Todo lo hacía Andrea, ella sabía estratégicamente qué congresistas eran los que tenían que favorecer con los cupos indicativos. Por eso yo tenía que ir a su casa, por eso tenía que verme con ella”, afirmó al ente acusador.

La exasesora también explicó que la distribución de los cupos no era universal: “No eran para todos. La bancada del Pacto estaba exenta, la de las Farc también y en un principio la bancada de la paz”.

Este filtro político dejaría en evidencia que los beneficios estaban dirigidos a congresistas específicos, determinados por el entonces ministro de Hacienda y sus asesores.

El testimonio añade que el exministro Bonilla operaba con conocimiento y coordinación de otros altos funcionarios, entre ellos el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, exasesor presidencial y enlace con el Congreso.

“El ministro Bonilla no hacía nada sin que el ministro Velasco no lo supiera o Jaime (Ramírez) supiera. Para el ministro Bonilla era fundamental que alguien más supiera lo que estaba pasando, y por eso Velasco se la pasaba en el Ministerio de Hacienda”, agregó la exasesora.

Benavides fue imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, luego de que la Fiscalía concluyera que ejecutó órdenes para recibir proyectos de inversión regional reclamados por cinco congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de la aprobación de 13 operaciones crediticias, que correspondían a contratos asociados a la Ungrd, pero que nunca llegaron a ejecutarse debido a una denuncia que paralizó la Unidad.

Entre los congresistas involucrados están Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique. Según el testimonio, estos habrían condicionado el apoyo político a la asignación de dichos cupos indicativos.

Por su parte, el exasesor Jaime Ramírez Cobo negó haber gestionado cupos o tener conocimiento de la supuesta trama, asegurando que solo brindó apoyo a Benavides por “camaradería”.

En su interrogatorio, conocido por la revista Cambio, manifestó: “Benavides me contactó y me pidió ayuda porque estaba desesperada… yo la ayudé como buen compañero que soy, pues los enlaces nos ayudamos siempre”.

A pesar de negar interés en los proyectos, admitió que contactó alcaldes y contratistas para ayudarla. “Si un compañero a uno le pide que lo contacte para esto... ella me lo pidió”, dijo.

Por otro lado, Andrea Carolina Ramírez reconoció la existencia de matrices para seguimiento de proyectos, pero aseguró que esas herramientas no tienen un fin ilegal. “Esto es sin ninguna condición”, afirmó.

Explicó que esas matrices sirven para hacer seguimiento a proyectos y atender consultas frecuentes de congresistas. “La matriz se la entregamos al ministro y él es quien se encarga de hacer seguimiento. Él tenía reuniones con Ministerio de Transporte y el Invías para hacer seguimiento a los proyectos”, dijo en su declaración.

Ramírez negó haber dado “consejos ilícitos” y aseguró que “nunca sentí que me estuviera contando algo ilegal y fuera de lo normal”. Negó además haber ordenado a Benavides realizar alguna gestión ilícita: “Yo nunca la mandé a hacer nada, realmente esto era un tema más de escuchar”.

Pero el entramado revelado no se limita a la Ungrd. Benavides aseguró que también existían cupos indicativos para otras entidades, como el Invías, y que las primeras comisiones económicas del Congreso eran parte de este sistema.

Además, explicó la relevancia de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que tiene la capacidad de abrir presupuestos para viabilizar proyectos. “El ministro nos ha dicho que el Invías estaba quebrado y que toca por otro lado”, comentó.

Este caso se conecta con una presunta estructura de corrupción mayor que involucra a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla del esquema de corrupción que incluyó coimas a expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, a semanas de las elecciones regionales de 2023.