
El flagelo del secuestro a manos de la delincuencia común y organizada sigue impactando negativamente varias regiones del país.
De hecho, a cumplirse tres meses y tres días del secuestro de Yenni Salazar Zabaleta, expersonera municipal de Tamalameque (Cesar), su familia confirmó que recibió una comunicación directa de un grupo armado ilegal, que exige una millonaria suma de dinero para recuperar su libertad.
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De acuerdo con las versiones, los autores responsables del hecho serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que piden un rescate de $15.000 millones para hacer efectiva su liberación.

La cifra, que supera la capacidad económica del entorno familiar y comunitario, mantiene en vilo a la población y genera preocupación por la integridad de Salazar, de 34 años.
El secuestro ocurrió el 21 de febrero cuando la exfuncionaria, junto a dos personas más, se movilizaban en un vehículo por la vía que conecta los corregimientos de La Vega y Saloa, en Chimichagua (Cesar).
En medio de los hechos, las otras dos personas que la acompañaban fueron retenidas, pero luego liberadas.
Información proporcionada por la Defensoría del Pueblo, el 7 de abril de 2025, indica que el ELN ha estado detrás del secuestro de por lo menos 68 personas solo en Arauca y el Catatumbo.
Juan Carlos Salazar Zabaleta, hermano de Yenni, habló en la emisora Cacica Noticias sobre el reciente contacto con los secuestradores.

“La suma que piden supera nuestras posibilidades económicas. Ni uniendo a todo el municipio de Tamalameque lograríamos reunir esa cantidad de dinero”, afirmó.
La familia también recibió un video que comprobaría que Yenni sigue con vida. En la grabación, la expersonera asegura estar “bien”, aunque se observa visiblemente delgada y con signos de agotamiento por el tiempo transcurrido en cautiverio.
“A través de un video, mi mamá pudo ver a Yenni, donde mi querida hermana pide ayuda para que la saquen del lugar donde se encuentra. Mi madre la vio más delgada, demacrada, pero en medio de esa circunstancia, Yenni dice que está bien. Nos embarga un sentimiento de impotencia porque no tenemos ese dinero que exigen los secuestradores, pedimos que sean acordes con la realidad”, añadió Salazar.
En respuesta a la situación, la comunidad de Tamalameque realizó una velatón el 21 de mayo, en la fecha en que se cumplieron tres meses desde el secuestro, para exigir la pronta liberación de Yenni Salazar.

En la parroquia San Miguel se celebró una eucaristía con el propósito de pedir por su regreso. Una asistente a la velatón expresó que “cada vela encendida representa la esperanza de verla de nuevo en casa”.
La movilización social llevó a que sectores políticos también se pronuncien. Desde el Concejo Municipal, la concejala Martha Manzano sostuvo: “Es inconcebible que una mujer solidaria, comprometida con su comunidad, siga en manos de grupos armados. Clamamos por su pronta liberación”.
Por su parte, las autoridades mantienen una recompensa de $60 millones para quien aporte información que permita localizar a Yenni y capturar a los responsables.
De este monto, $40 millones fueron aportados por la Gobernación del Cesar y $20 millones por la Alcaldía de Tamalameque.
“La vida de Yenni continúa en riesgo y la desesperación aumenta. Sus seres queridos siguen tocando puertas en busca de una respuesta y piden al presidente Gustavo Petro que intervenga antes de que sea demasiado tarde”, afirmó el hermano.
La comunidad y familiares solicitaron que el caso sea incluido en las negociaciones de paz con el ELN, un llamado que resuena en medio de la crisis humanitaria que enfrenta la región. Mientras tanto, el tiempo transcurre y la incertidumbre sobre el destino de Yenni persiste.
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