Esto dice la ley colombiana sobre retirar el apellido paterno a un hijo si el padre incumple sus obligaciones

Por más fuerte que sea el conflicto entre progenitores, la ley colombiana no permite eliminar el apellido de un padre o madre del registro civil de un menor como castigo por el incumplimiento de sus deberes.

Así lo advierten especialistas en derecho de familia, que aclaran que cualquier modificación en la filiación debe seguir un riguroso proceso judicial.

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José Yesid Córdoba, gerente de la firma Abcm Abogados Asesores, citado por el medio Asuntos Legales, comentó que “no existe ningún escenario en el que una persona que incumpla las obligaciones que tiene como padre o madre, permita eliminar la filiación que tiene con el menor, eliminando su apellido”.

Según publicó el medio, la única excepción a esa regla está contemplada en los procesos de adopción, donde se reemplaza el vínculo biológico por uno legal. En esos casos, explicó Córdoba, “el hijo empieza a llevar en adelante los apellidos de los padres adoptantes”.

Andrea Elizabeth Cárdenas Cortés, abogada de familia de la firma Victoria Riveros Abogados, habló con el medio y coincidió en que las modificaciones al registro civil –como la omisión, modificación o supresión del apellido– deben contar con autorización judicial.

Así lo establece el artículo 2 de la Ley 2129 de 2021, que advierte sobre consecuencias legales en caso de alterar el documento sin consentimiento o sin orden de un juez.

Es decir, que en situaciones de desacuerdo entre los padres, la parte afectada puede interponer una demanda contenciosa ante un juzgado de familia.

Si no existe reconocimiento legal del progenitor, será necesario presentar una demanda de investigación de paternidad o maternidad para establecer el vínculo y, posteriormente, solicitar la modificación.

Además, en casos donde se compruebe que hubo dolo o fraude en la inscripción o modificación del apellido, el progenitor afectado podrá pedir la nulidad parcial del registro y denunciar penalmente por falsedad en documento público.

“La inscripción, modificación o supresión del apellido de un progenitor con reconocimiento vigente, sin su consentimiento ni orden judicial, podría incurrir en los delitos de falsedad en documento público, falsedad personal y fraude procesal”, agregó Cárdenas.

En otras palabras, aunque la ley reconoce el sufrimiento que puede causar el abandono o la negligencia de un padre, no habilita vías automáticas para borrar legalmente su apellido de la vida de un hijo.

Todo cambio debe ser tramitado ante la justicia y, en muchos casos, será el juez quien decida si la filiación puede o no modificarse.

En Colombia, el cumplimiento de la cuota alimentaria es una obligación legal que protege los derechos fundamentales de los menores.

Esta responsabilidad recae por igual en ambos padres y está regulada por el Código Civil, la Ley 1098 de 2006 y el Código de Infancia y Adolescencia. Su propósito es garantizar condiciones dignas para el desarrollo físico, emocional y educativo de los hijos.

La ley establece que esta obligación debe mantenerse hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, si el hijo continúa estudiando y no cuenta con ingresos propios, el deber de manutención puede extenderse hasta los 25 años.

Según información publicada por Valora Analitik, para calcular la cuota alimentaria se tienen en cuenta dos factores esenciales: las necesidades del menor —como alimentación, vivienda, educación, salud y vestuario— y las capacidades económicas de los progenitores, a fin de establecer una cifra justa y equilibrada.

El incumplimiento de esta obligación no solo puede afectar al menor, sino también acarrear graves consecuencias legales para el deudor.

Los ciudadanos pueden verificar su estado a través del Sistema de Información de Deudores de Alimentos (Sida), administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta plataforma digital permite consultar si una persona figura como deudora de cuotas alimentarias.

Para realizar la verificación, basta con ingresar al portal web de la Superintendencia y digitar el número de cédula de ciudadanía o el NIT. También existe la posibilidad de acudir presencialmente a cualquiera de las oficinas de la entidad para obtener la información directamente y recibir asesoría.

Estar reportado en este sistema puede traer implicaciones en distintos ámbitos: desde restricciones para contratar con el Estado hasta limitaciones para salir del país o acceder a ciertos créditos.