
La reducción de 30.000 millones de pesos en el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) generó una fuerte controversia en Bogotá, donde más de 10.000 niños podrían quedar sin acceso a servicios esenciales de cuidado, nutrición y desarrollo.
Según indicó el concejal Óscar Vahos, la medida adoptada por el Gobierno nacional afecta directamente a los jardines infantiles cofinanciados y pone en riesgo la continuidad de los hogares administrados por madres comunitarias, un programa clave para la atención de la primera infancia en Bogotá.
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De acuerdo con Vahos, el recorte presupuestal representa un golpe significativo para los programas sociales destinados a los niños más vulnerables. El concejal denunció que esta decisión no solo desfinancia los servicios esenciales, también perpetúa problemas como la falta de formalización laboral y los atrasos en los pagos a las madres comunitarias.
“Los recursos para la primera infancia son sagrados e intocables, con ellos se financia su educación, cuidado y alimentación, pero el gobierno de Petro y su inoperante Icbf han sido incapaces de comprender algo tan elemental”, afirmó Vahos.
El impacto de la reducción presupuestal ya se hizo evidente en la capital. Según detalló la representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, la disminución de recursos llevó a la terminación de convenios entre el Icbf y la Secretaría Distrital de Integración Social, afectando directamente a miles de menores que dependían de estos servicios. Arbeláez señaló que esta decisión ha dejado sin atención a por lo menos 10.000 niños y niñas, lo que representa una afectación crítica en una etapa fundamental de sus vidas.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también expresó su preocupación por las consecuencias de este recorte. En declaraciones a La FM, Galán confirmó que el distrito asumirá el déficit con recursos propios para evitar que los niños pierdan el acceso a los servicios. Sin embargo, advirtió que la medida obligará a replantear los planes de expansión de cobertura en jardines infantiles.

Inicialmente, la ciudad tenía previsto aumentar la capacidad de atención de 135.000 a 165.000 cupos este año, pero ahora los recursos se destinarán a mantener los servicios existentes. “En lugar de crecer, tenemos que sostener lo que ya existe para evitar que miles de niños pierdan su atención”, explicó el mandatario.
Ante las críticas, la directora del Icbf, Astrid Cáceres, defendió la redistribución de los recursos. Según Cáceres, la decisión se tomó en conjunto con la Administración Distrital y responde a la necesidad de priorizar regiones históricamente desatendidas como Chocó, Cauca, Vichada y La Guajira.
La funcionaria aseguró que Bogotá cuenta con la capacidad institucional y financiera para asumir parte de la atención a la primera infancia, lo que permitió reasignar los fondos a estas zonas. “No quitamos cupos ni dejamos de atender niños en Bogotá. Solo disminuimos el porcentaje de cofinanciación para llegar a territorios que nunca habían recibido inversión en primera infancia”, afirmó Cáceres en su cuenta oficial de X.

El concejal Vahos, por su parte, solicitó a la Procuraduría General de la Nación una investigación disciplinaria contra Cáceres por posibles irregularidades en la planeación y ejecución de los recursos del Icbf. Según el cabildante, las fallas generaron una crisis en la contratación, el desembolso de pagos y el suministro de alimentos para los niños atendidos por el programa. Además, Vahos advirtió que continuará impulsando acciones legales para evitar que se sigan desfinanciando los programas de madres comunitarias en Bogotá.
Y es que según documentos oficiales compartidos por el cabildante a Infobae Colombia, confirman la reducción en los aportes del Icbf para los jardines infantiles cofinanciados. En 2024, el presupuesto destinado a este rubro era de 58.000 millones de pesos, mientras que para 2025 se redujo a 30.000 millones. La disminución, según el concejal, evidencia la falta de compromiso del Gobierno nacional con la primera infancia y los sectores más vulnerables.

Para Vahos, la polémica en torno al recorte presupuestal refleja las tensiones entre el Gobierno nacional y las autoridades locales, así como las dificultades para garantizar la atención integral a la primera infancia en un contexto de recursos limitados. Además, señaló que mientras Bogotá busca alternativas para mitigar el impacto de esta medida, miles de familias enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de los servicios esenciales para sus hijos.
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