Sector arrocero conminó al Gobierno Petro a que cumpla los acuerdos firmados, a 70 días del paro que tuvo en jaque al país

A menos de dos semanas para que expire la vigencia del Programa de Apoyo Directo creado por la Resolución 084 de 2025 del Ministerio de Agricultura, los arroceros del Tolima, Huila y el resto del país continúan sin ver avances concretos en la implementación de las medidas pactadas en marzo de 2025, tras el paro arrocero. Según los denunciantes, pese a que se establecieron compromisos para aliviar lo que sería la crítica situación del sector, la falta de ejecución ha generado una creciente incertidumbre entre los productores.

De acuerdo con el marco normativo establecido, la resolución busca beneficiar a pequeños y medianos productores de arroz de bajos ingresos. Sin embargo, de acuerdo con organizaciones como Usocuello, Usosaldaña y Coagrodistritos, el Gobierno nacional aún no ha designado un operador que ejecute los recursos destinados al programa ni ha definido un mecanismo efectivo para que los agricultores accedan a estos alivios. Por lo que lanzaron una dura advertencia al Ejecutivo para que atienda sus demandas.

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Además, según los reclamantes, el instructivo técnico emitido por las autoridades ha resultado ser una carga adicional para los productores más vulnerables. “La única acción concreta por parte del Gobierno ha sido la expedición de un instructivo técnico que, lejos de facilitar el acceso a los apoyos, impone una carga documental excesiva”, señaló Carlos Alberto Rojas, gerente general de Usocuello, que pidió a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, atención inmediata a este asunto.

El incumplimiento de los acuerdos no solo se limitaría a los apoyos económicos directos, pues según los líderes gremiales, las medidas prometidas sobre alivio financiero, tanto en términos de la banca como del agrocomercio, siguen sin avances. Mientras tanto, los productores arroceros enfrentarían niveles de endeudamiento, al parecer alarmantes, que han generado pérdidas significativas; lo que agrava la crisis estructural del sector y afectaría especialmente a las regiones cuya economía depende de este cultivo, como el Tolima Grande.

Ante este panorama, las organizaciones citadas y otras asociaciones del sector han convocado a una audiencia pública nacional el viernes 23 de mayo, para tomar decisiones frente a cómo afrontarán estas problemáticas. El evento, que se llevará a cabo en las instalaciones de Usosaldaña, en el sur del Tolima, contará con la participación de entidades gubernamentales como los ministerios de Agricultura, Ambiente y Comercio, la Agencia de Desarrollo Rural, la Dian , y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), entre otros.

Los debates, según se ha avanzado en la agenda, se centrarán en el seguimiento a los compromisos adquiridos en marzo, las problemáticas de los distritos de adecuación de tierras, los crecientes costos de producción y las dificultades en la comercialización del arroz. Tal y como lo adelantó Gabriel Núñez Almario, gerente general de Coagrodistritos, que enfatizó la necesidad de acciones inmediatas por parte del Gobierno Petro para atender los reclamos del sector, que se ve ha visto afectado por la importación del grano.

“El llamado es de urgencia, se requiere voluntad política, decisiones ejecutivas inmediatas y una articulación institucional eficaz para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados”, sostuvo Núñez. Y agregó en su pronunciamiento que cada día que pasa sin soluciones concretas comprometería la sostenibilidad de la producción arrocera en el país y el futuro de miles de familias campesinas que dependen de la siembra y cosecha de este producto, consumido a lo largo y ancho del territorio nacional.

En marzo de 2025, el paro arrocero llevó a la firma de acuerdos entre el Ministerio de Agricultura y los representantes del sector. Durante estas reuniones, se establecieron compromisos que buscaban atacar las problemáticas estructurales del gremio, y se priorizaron medidas urgentes para aliviar la crisis. Sin embargo, de acuerdo con las organizaciones arroceras, el Espíritu del Espinal —como fueron bautizados los acuerdos por el lugar donde se firmaron— no ha sido respetado ni implementado a cabalidad.

“Esperamos que la ministra de Agricultura, como la ministra de Medio Ambiente, se hagan presentes para plantear las políticas estructurales para el sector arrocero”, indicó Núñez, que remarco en su declaración que representan uno de los pilares de la seguridad alimentaria del país, respaldado por miles de familias campesinas cuyo sustento depende del cultivo. Las tierras de riego, puntos estratégicos para garantizar la producción estable de arroz, también enfrentan desafíos importantes en términos de sostenibilidad.

Y puntualizó que los costos asociados a su mantenimiento, junto con los altos precios de insumos agrícolas, ponen en riesgo tanto la producción como la capacidad competitiva. Por tal motivo, el llamado tiene como objetivo presionar al Gobierno nacional para que responda con mayor eficiencia frente a la crisis; en tanto que las conclusiones del diálogo podrían tener repercusiones trascendentales, no solo en la estabilidad económica, sino en la garantía de acceso al alimento básico para millones de colombianos.