JEP rechazó solicitud de sometimiento de exalcalde acusado por promover a las AUC en Córdoba

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de sometimiento del exalcalde del municipio de Canalete, en Córdoba, Armando José Lambertínez Bolaño, por no presentar información que superara lo comprobado por la justicia ordinaria sobre su presunta relación con grupos paramilitares en la región.

Según informó esa justicia especial en la mañana del jueves 22 de mayo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concluyó que los aportes de verdad presentados por Lambertínez no cumplieron con el umbral requerido para acceder a este mecanismo de justicia transicional.

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El exfuncionario se presentó ante la JEP en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, pero no aportó datos relevantes que ampliaran o complementaran lo ya verificado en procesos judiciales previos.

“En sus aportes de verdad elcompareciente no profundizó en la metodología para la apropiación de recursos públicos por parte de los grupos paramilitares ni sobre el manejo de la contratación pública en Córdoba”, comentó la JEP en un comunicado.

En 2016, la justicia ordinaria condenó a Lambertínez a 72 meses de prisión por concierto para delinquir agravado, delito por el que también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ese mismo período.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en un fallo de segunda instancia, estableció que el exalcalde tuvo vínculos con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participó en el llamado ‘Pacto de Marizco’, una alianza paramilitar orientada a controlar las alcaldías de la región de Córdoba.

La JEP indicó que Lambertínez se limitó a negar su relación directa con las AUC y negó haber favorecido contratos públicos a miembros del grupo armado ilegal.

Sin embargo, no profundizó en los mecanismos de apropiación de recursos ni en el manejo irregular de la contratación pública bajo la influencia paramilitar.

Además, las declaraciones del exsenador Julio Alberto Manzur Abdala, jefe político de Lambertínez, contradicen su versión al señalarlo como una persona relacionada con las AUC.

Manzur Abdala reconoció la infiltración de paramilitares en diferentes niveles de la política regional, incluyendo cargos nacionales y locales.

La JEP destacó que los aportes de Lambertínez no aportaron información inédita ni esclarecedora, limitándose a repetir hechos ya conocidos y documentados por la justicia ordinaria, relacionados con la connivencia entre actores políticos y grupos armados en Córdoba desde la década del 2000.

Esta decisión se suma a otros rechazos de la JEP a solicitudes de sometimiento de personas condenadas por hechos similares, como Rafael Guillermo Álvarez Domínguez y Eva Leonor Garcés Carmona, quienes también presentaron versiones insuficientes para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Estas resoluciones fueron confirmadas en 2023 por la Sección de Apelación de la JEP.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) y el Distrito de Medellín han solicitado al Gobierno nacional un aporte de 3.500 millones de pesos para garantizar la continuidad de las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la escombrera de la Comuna 13.

Según informó el Distrito, los recursos actuales, que incluyen 8.200 millones de pesos aportados por la alcaldía y 650 millones por la JEP, no son suficientes para mantener las operaciones en el polígono intervenido ni para iniciar trabajos en una nueva área identificada gracias a testimonios de testigos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelly, enfatizaron que las labores no se detendrán, pero recalcaron la necesidad de apoyo financiero por parte del gobierno nacional.

Gutiérrez expresó que, aunque se han hecho esfuerzos significativos a nivel local, los recursos provenientes del gobierno central no han llegado. “No se puede parar. Estamos siendo claros en que ya tanto la JEP como la alcaldía hemos hecho esfuerzos grandes frente a estas necesidades. No ha llegado un solo peso del año pasado del gobierno nacional”, afirmó el mandatario local.

En el polígono actualmente intervenido, se han recuperado hasta el momento cuatro cuerpos, los cuales están en proceso de identificación por parte de Medicina Legal. Estas labores son consideradas cruciales para las familias de las víctimas y para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la zona durante el conflicto armado.

Sin embargo, la falta de recursos también ha impedido la participación activa de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que, según Gutiérrez, debería estar trabajando en el lugar. “¿Quién debe poner los recursos de la unidad de búsqueda? El Gobierno Nacional. ¿Por qué no está la unidad de búsqueda en este momento en la escombrera si debería estar ahí ya trabajando? Porque no tiene los recursos que le corresponde entregarle de parte del Gobierno Nacional”, señaló.