Contraloría hizo propuesta para que el dinero que llega a las regiones no se pierda y se distribuya de una mejor manera

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que los modelos económicos aplicados en Colombia privilegian la centralización, lo que genera mayores brechas y desigualdades entre las diferentes regiones, situación que contrarió el espíritu del constituyente del 91.

Esta es la conclusión, explicó, de un estudio del ente de control sobre la implementación de la descentralización diferencial y las posibles implicaciones en el desarrollo equitativo de las regiones en Colombia, donde se aplicó un nuevo indicador técnico diseñado por funcionarios de la entidad llamado “Potencialidades de la Descentralización”. El mismo mide la capacidad que tienen las entidades territoriales para asumir nuevos retos y competencias en la profundización de la descentralización diferencial y fue aplicado a los 32 departamentos y a Bogotá.

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Dicho análisis incorpora factores como el nivel de desempeño administrativo y fiscal de los entes territoriales, los factores socioeconómicos de salud, educación, ingresos, pobreza multidimensional, desigualdad (coeficiente de Gini), valor agregado, ruralidad, etnias, medio ambiente y de lucha contra la corrupción.

Se señaló que el análisis del indicador reveló marcadas diferencias entre las regiones. En 2022, en una escala de 1 a 100, solo dos de las 33 entidades territoriales (Bogotá y Antioquia) obtuvieron una calificación superior a 70 puntos, lo que indica que cuentan con una mayor capacidad institucional y administrativa para asumir las nuevas competencias y recursos que genera la profundización de la descentralización diferencial. Asimismo, solo entidades territoriales superaron los 60 puntos (Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Meta).

Por debajo del promedio, 52 puntos, se encuentran 15 departamentos, el 45%, pertenecientes a las regiones de la Amazonía, Orinoquía, Pacífica y Caribe, que enfrentan limitaciones debido a su baja capacidad institucional y condiciones socioeconómicas adversas. Estos departamentos corresponden a lo que se llama la Colombia profunda.

Carlos Hernán Rodríguez resaltó que, para que la descentralización impulse un desarrollo más equilibrado, es necesario fortalecer la capacidad fiscal de las entidades territoriales, contar con un sistema de transferencias nacionales justo y promover la diversificación económica en las regiones rezagadas. Según él, para esto es importante fomentar sectores productivos con alto potencial de generación de empleo y valor agregado, como la industria, agroindustria, el turismo, la innovación tecnológica y la economía del conocimiento.

Sin embargo, enfatizó que si bien la descentralización debe empoderar a las comunidades, también puede conllevar riesgos: “La fragmentación administrativa, el aumento de la burocracia, la corrupción y las desigualdades regionales pueden debilitar sus beneficios, si no se cuenta con sistemas de información y gobernanza transparentes y oportunos”.

El funcionario afirmó que el Acto Legislativo 03 de 2024, que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, constituye un paso importante en el fortalecimiento de la autonomía financiera de los entes territoriales y es coherente con el objetivo de consolidar un modelo de país verdaderamente descentralizado.

También recordó que la aplicación progresiva de la nueva asignación del Sistema General de Participaciones (SGP), dentro del artículo 357 de la Constitución, implicará trasladar cerca de $1,7 billones a partir de 2027, hasta alcanzar $45 billones en 2039. La transferencia deberá ser compensada, en su mayor parte, con la reducción de gastos de funcionamiento o inversión a cargo del Gobierno Central.

Al respecto, el contralor advirtió que “esto conlleva un riesgo relacionado con las inflexibilidades presupuestales que presenta el Presupuesto General de la Nación”.

Durante la instalación del Foro “Retos de la Descentralización Diferencial y el Control de Recursos Públicos” en la Universidad Católica de Colombia, el Rodríguez presentó un análisis detallado sobre el proceso de descentralización en el país. Destacó los avances logrados entre 1995 y 2024 en la prestación de servicios esenciales como salud, acueducto, alcantarillado y educación, que mejoraron la cobertura médica, el acceso al agua potable, las condiciones sanitarias y los niveles de alfabetización en muchas regiones del país.

No obstante, advirtió que aún persisten profundas brechas entre las regiones más desarrolladas y aquellas con mayores rezagos, lo que afecta todavía el bienestar de millones de colombianos que no acceden a servicios básicos de calidad.

Así las cosas, el contralor citó los resultados del estudio macro fiscal hecho por la entidad en 2024, con el que se analizó la evolución de las reglas fiscales territoriales, que son normas que regulan la política fiscal de las entidades territoriales (departamentos y municipios), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de sus finanzas y la estabilidad macroeconómica del país.

El informe evidenció que, aunque los municipios con mayores ingresos redujeron el endeudamiento y generaron excedentes, las regiones más pobres enfrentan serias restricciones financieras.

Por ello, se planteó la necesidad urgente de una reforma estructural de las reglas fiscales territoriales que permita una distribución más equitativa de los recursos y fortalezca la capacidad de respuesta ante crisis y emergencias.

A manera de conclusión, el contralor General de la República indicó lo siguiente:

• Para avanzar en la descentralización diferencial es fundamental fortalecer las capacidades institucionales en formulación, planificación, medición, seguimiento y control participativo.
• Es necesario promover la generación de ingresos, teniendo en cuenta las vocaciones productivas, y los factores de diferenciación de las regiones
• La autonomía regional sin autonomía financiera es una utopía. Por ello, la ley de competencias que se presentará al congreso debe garantizar la corresponsabilidad entre competencias y recursos.
• Debemos aprender de las dificultades de modelos, como las Regiones Autónomas de Planificación – RAP y las Regiones Entidad Territorial – RET, que son más órganos de planificación territorial que de ejecución de proyectos estratégicos en las regiones.
• También tenemos el caso del Sistema General de Regalías, donde se han aprobado proyectos por $96.5 billones y la CGR ha determinado hallazgos por $5.9 billones. “Esto reafirma nuestro compromiso de seguir vigilando y controlando el recurso público. ¿Por otro lado, nos surge la pregunta de la eficiencia de estos recursos?; ¿dónde están los proyectos regionales de gran envergadura que impactan la calidad de vida de sus gentes?”, resaltó.

Insistió en que “es necesario sincerar el debate y este propósito requiere de un esfuerzo coordinado”.

Por eso, invitó al Gobierno nacional y sus instancias de planeación, Congreso de la República, órganos de control, gobiernos regionales, Federación de Departamentos y Municipios, la Academia y la ciudadanía en general a trabajar en equipo y en las regiones sin mezquindades políticas, para definir las competencias y dar herramientas a los territorios, a partir de lo reglado por el Acto legislativo 03 de 2024, con el objetivo de cerrar las brechas que hoy se presentan.