
Lyan José Hortúa, el niño de 11 años que fue secuestrado el pasado 3 de mayo por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en una zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, fue liberado el miércoles 21 de mayo.
El desenlace llegó tras casi tres semanas de incertidumbre y mediante la intervención de una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y la Iglesia católica.
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Finalmente, a través de diálogos sostenidos entre los captores y la comisión humanitaria, Lyan fue entregado a la Defensoría del Pueblo y un familiar.
En declaraciones a Caracol Radio, Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, detalló los esfuerzos realizados por diversas entidades en el operativo, subrayando la importancia del trabajo conjunto.
“Esta liberación fue posible gracias a acciones conjuntas entre el orden nacional, departamental y municipal, además de la participación clave de la ONU, la Iglesia Católica y la Cruz Roja”, expresó la alcaldesa Castillo.

También destacó la influencia de medios y redes sociales, cuya cobertura mantuvo el caso en la agenda pública.
Según la defensora Iris Marín, quien confirmó las buenas condiciones físicas del menor, “el niño está en buen estado de salud, pero tendrá que ser llevado a un centro médico para garantizar que esté muy bien”.
El niño posteriormente fue trasladado a la Fundación Valle de Lili para realizar exámenes médicos de rutina.
Los captores, según comunicó la comisión humanitaria, fueron quienes contactaron directamente a la Defensoría del Pueblo para facilitar la entrega del menor.
Aunque se desconocen aún todos los detalles del operativo, el proceso incluyó la participación de dos delegados de la Defensoría y un familiar de Lyan, quienes se dirigieron a una zona rural del municipio para concretar la entrega.

El secuestro se dio cuando un grupo de cinco hombres armados irrumpió en su vivienda, llevándose al menor y a su empleada doméstica, quien fue liberada horas después.
Según las autoridades, los responsables forman parte de una facción disidente de las Farc y el objetivo inicial del grupo sería extorsionar a la familia del niño. La acción quedó registrada por cámaras de seguridad y desató una ola de rechazo nacional.
Durante las semanas de cautiverio, diversas instituciones, figuras políticas como el presidente Gustavo Petro, y organizaciones no gubernamentales presionaron públicamente para obtener su libertad.
La alcaldesa aseguró que tras su liberación, la prioridad para la familia es garantizar la atención médica y psicológica necesaria para el menor, además de pedir privacidad.
Según Castillo, el entorno más cercano del niño está considerando cambios significativos para garantizar su tranquilidad, incluso la posibilidad de mudarse: “La familia está evaluando opciones para superar esta dura experiencia en un ambiente seguro y rodeados de privacidad”, explicó en los micrófonos de Caracol Radio.
El episodio ha reabierto el debate sobre la creciente inseguridad en Jamundí y en la región del Valle del Cauca, una zona con presencia activa de grupos al margen de la ley.
De acuerdo con la alcaldesa Castillo, aunque la situación de seguridad ha mejorado en comparación con años anteriores, los niveles de violencia y actividades criminales como secuestros y ataques con explosivos siguen siendo alarmantes.
“Es fundamental fortalecer las capacidades del municipio y garantizar una mayor inversión social en las zonas rurales afectadas”, afirmó. La mandataria señaló que esta problemática excede las capacidades locales y solicitó que el municipio sea incluido en el Pacto Cauca, una estrategia de desarrollo que busca combatir la violencia mediante inversión social.
El secuestro de Lyan también evidenció la respuesta y la posición de las disidencias de las Farc, quienes, según reportó la alcaldesa, admitieron que la intención inicial no era tomar al niño como rehén, sino localizar a un familiar.
“En los videos se vio que preguntaban por el familiar del menor, pero, dadas las circunstancias de esa noche, se lo llevaron”, explicó Castillo en el medio mencionado.
Además de este caso, la alcaldesa informó que en el último año solo hay un secuestro más registrado en Jamundí: el de un colombo-estadounidense llamado Jorge, retenido desde hace diez meses.
Sus declaraciones también repudiaron con firmeza los ataques continuos que enfrenta la población civil y la necesidad de medidas concretas para evitar nuevos incidentes.
Aunque el regreso de Lyan ha sido una buena noticia para su familia y la comunidad, las autoridades subrayan que la lucha por la seguridad de Jamundí y del Valle del Cauca está lejos de terminar. La alcaldesa concluyó haciendo un llamado a proteger a los menores de edad de los conflictos armados: “Los niños son intocables. Toda la sociedad tiene la obligación de garantizarles sus derechos. No podemos permitir que estas situaciones se repitan”.
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