Servicios públicos tendrían cambios a partir de julio, debido a medida del Gobierno con subsidios y comisiones

El Gobierno de Gustavo Petro planea presentar al Congreso de la República el 20 de julio de 2025 un nuevo proyecto de ley que reformaría el régimen de los servicios públicos domiciliarios. La propuesta, anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, busca, entre otros aspectos, ajustar la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), además de establecer mecanismos para garantizar el consumo básico de energía y reducir las tarifas eléctricas.

Según explicó Palma, la iniciativa incluye cambios destinados a dar mayor participación a sectores que hasta ahora estuvieron ausentes en la regulación pública del país.

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Uno de los principales puntos de la reforma sería la transformación de la Creg, cuya estructura actual está en vigor desde la promulgación de las leyes 142 y 143 de 1994. Palma afirmó que “en la composición de la Creg tiene que haber dos actores que han estado ausentes. Tienen que estar presentes dos actores que hacen parte del sistema energético del país: uno de los usuarios y dos, los trabajadores y las trabajadoras”.

Además, señaló que se prevé incluir a un académico especializado en ingeniería eléctrica como integrante del organismo regulador. Según el ministro, la modificación responde a la necesidad de introducir “voces históricamente excluidas” en un espacio que, hasta ahora, fue dominado de manera exclusiva por la tecnocracia.

El proyecto de ley también abordará aspectos relacionados con las tarifas de energía. Palma expresó que el Gobierno buscará aplicar mecanismos enfocados en reducir costos para los usuarios finales, incluida la revisión de subsidios y la promoción de un consumo básico garantizado. “Ahí queremos plantear esa y otras discusiones alrededor de los subsidios por consumo, del consumo mínimo de subsistencia, de las tarifas, porque ustedes saben que si hay alguna obsesión para este Gobierno es en reducir tarifas”, afirmó.

Frente a lo que tiene que ver con la infraestructura energética, el ministro resaltó la necesidad de avanzar en soluciones estructurales que amplíen la oferta energética y mejoren los sistemas de transmisión. Aseguró que, aunque aumentar la generación de energía podría parecer una solución técnica obvia para reducir tarifas, esto requiere atención a otros factores clave dentro del sistema.

“Alguien podría decir: ‘La forma de reducir tarifa es ampliar la oferta, es inundar de energía’, y claro, eso también, pues pareciera sencillo, pero eso también requiere abordar otros temas como la transmisión”, concluyó.

El anuncio del ministro ocurre en un momento donde sectores empresariales y gremiales manifestaron preocupaciones respecto al enfoque del Gobierno. Según el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco), Camilo Sánchez, persisten dudas sobre la viabilidad de la reforma y también sobre su alcance.

Sánchez advirtió que, aunque se espera la presentación del proyecto dentro del presente año legislativo, podría quedar archivado por falta de consenso entre las partes involucradas. “No veo que vaya a ser tramitado porque el superintendente de Servicios Públicos (Libardo Márquez) no está participando abiertamente. No se reúne con los gremios, no se reúne con las empresas y no existe ninguna mesa de concertación para el proceso”, aseguró.

Asimismo, el dirigente gremial señaló que las propuestas centradas en la reducción de tarifas podrían ser contraproductores para el sector. En sus palabras: “Lo que están buscando algunos es a través de una ley bajar tarifas, eso sería el peor error de la historia, porque por eso funcionó muy bien la ley 142 y 143. Aquí lo que estamos viendo es la fijación de equivocarse poniendo la disminución de las tarifas, y eso sería gravísimo”.

Ante esto, el también presidente del Consejo Gremial sugirió que la reforma debería priorizar la incorporación de avances tecnológicos, tales como sistemas de medición más eficientes, y establecer reglas claras que atraigan inversión hacia el sector.

Una preocupación adicional planteada por Andesco es la pérdida de inversión extranjera en el sector energético debido a los cambios regulatorios recientes. Sánchez indicó que ajustar las reglas a corto plazo se genera incertidumbre entre los inversionistas, lo que afecta a largo plazo la financiación y desarrollo de los servicios públicos.

Asimismo, solicitó revisar las normativas bajo las que operan los entes reguladores, como la Creg y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para garantizar un mejor funcionamiento del sector.

A pesar de las críticas, el proyecto avanza en su fase preparatoria. Según informó el Ministerio de Minas y Energía, en la actualidad se encuentra bajo estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El cronograma legislativo indica que, de ser radicado, el proyecto debería ser debatido en la Comisión Quinta del Senado antes de pasar a la Cámara de Representantes. El proceso requerirá tanto la aprobación en las respectivas comisiones como en las plenarias de ambas cámaras, además de una eventual conciliación bicameral para su sanción presidencial.