
El Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, ha invertido más de $300.000 millones en la política de Paz Total entre 2023 y 2025, siendo esta una estrategia que ha generado un amplio debate por sus resultados y su impacto en el presupuesto nacional. La cifra fue revelada el miércoles 21 de mayo de 2025 por el senador Julio César Triana, del partido Cambio Radical, que denunció lo que sería, de acuerdo a los datos revelados, el presunto despilfarro de los recursos de la nación.
Triana, que ha sido insistente en la manera en que se ha perdido la capacidad de respuesta aérea de las Fuerzas Militares y de Policía, en esta oportunidad dio a conocer el inquietante balance tras un derecho de petición enviado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al mando de Otty Patiño, y que dio a conocer datos trascendentales sobre la multimillonaria dirección de recursos hacia la implementación de una serie de negociaciones que no han dado los resultados esperados.
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En efecto, el congresista señaló que estos recursos no se están traduciendo en resultados efectivos para la pacificación del país, sino que han sido un gasto sin retorno claro. Y lo hizo con los soportes que hablan de los montos destinados para los procesos de negociación, entre ellos el adelantado sin éxito con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estancado desde febrero de 2024 tras seis ciclos previos, o el de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá; por lo que reiteró su preocupación frente a estos casos.
Esta es la millonada asignada a la política de Paz Total de Petro y el costo de las negociaciones con el ELN
Durante los primeros tres años de implementación de la política de Paz Total, el Gobierno ha destinado una inversión aproximada de más de $302.659 millones. De acuerdo con Triana, los fondos destinados están distribuidos en tres años: $112.723 millones en 2023, $89.880 millones en 2024, y una proyección de $100.056 millones para 2025; según los datos que fueron dados por la Oficina del Alto Comisionado, con base en los reportes ante el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) y el Fondo Paz.

Uno de los focos principales de gasto en la estrategia ha sido la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el senador Triana, este proceso de diálogo, formalizado por la resolución 264 de 2022, ha consumido un total de $26.467 millones desde su creación; sin que haya llegado a feliz término, pues cada vez está más lejos de reanudarse, ante las diferencias de las delegaciones y el accionar criminal de esta organización al margen de la ley, que no ha mostrado voluntad de reanudar las tratativas.
Del total invertido, aproximadamente $790 millones corresponden a los últimos cinco meses de 2022. En 2023, la mesa recibió un presupuesto de $14.252 millones, mientras que en 2024 la cifra fue de $11.330 millones. Entretanto, para 2025, al corte del 11 de febrero, cuando el proceso llevaba más de un año suspendido, se reportaron gastos por $93 millones; es lo que pudo verse en los documentos revelados por Triana, que generaron una fuerte respuesta en las plataformas digitales.

A estos costos se suman los gastos en viajes y viáticos, que según Triana alcanzaron la suma de $8.000 millones durante el periodo de negociación, un rubro que el senador calificó como innecesario e injustificado en el contexto de la suspensión prolongada de las negociaciones, pues dejaría en evidencia la aparente falta de eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Recursos para las Fuerzas Militares y de Policía sufrieron una drástica reducción
Mientras la Paz Total ha recibido miles de millones de pesos, el presupuesto para la Fuerza Pública ha sufrido recortes considerables, lo que ha generado críticas por parte de sectores políticos y sociales que temen que esta reducción debilite la capacidad operativa para garantizar la seguridad y el orden en el país. “Mientras el Gobierno despilfarra miles de millones en una ‘Paz Total’ que solo ha fortalecido a los violentos, recorta alarmantemente el presupuesto de inversión de quienes sí nos cuidan: nuestra fuerza pública”, dijo Triana.
Según los datos presentados por el senador, con base en el reporte entregado por portal de Transparencia Económica (Mhcp), al corte del 9 de mayo de 2025, el Ejército Nacional experimentó una reducción del 47,6% en su presupuesto de inversión, pasando de $735.311 millones en 2024 a $385.001 millones para 2025. De manera similar, la Armada Nacional vio su asignación presupuestal disminuir un 24,4%, de $662.314 millones a $500.637 millones.
La Fuerza Aérea, por su parte, recibió un recorte del 30,1%, al bajar de $793.877 millones en 2024 a $554.627 millones en 2025. Finalmente, la Policía Nacional enfrentó una reducción del 35,7%, pasando de $304.025 millones a $195.520 millones en el mismo periodo.

Las lamentables consecuencias que traería el despilfarro estatal en la Paz Total
En este sentido, el congresista contrario a las políticas del Gobierno enfatizó que estas decisiones tienen un impacto directo en la seguridad ciudadana y el control territorial, especialmente en zonas donde operan grupos armados ilegales. Según su análisis, la debilitación financiera de la fuerza pública se traduce en menor capacidad de respuesta, equipamiento insuficiente y limitaciones para llevar a cabo operaciones estratégicas a lo largo y ancho del territorio nacional.
“Ahora entendemos por qué la inseguridad está en uno de sus peores momentos: la fuerza pública está debilitada, sin herramientas para actuar, mientras que los grupos armados se han fortalecido y expandido bajo el amparo de la Paz Total. Esta no es una política de paz: es una política de complacencia y abandono”, concluyó Triana, en medio de las acusaciones de varios sectores del país que demandan un balance entre los recursos destinados a los procesos de paz y la garantía de la seguridad y el orden público.
En resumen, para el senador es claro que, mientras la administración Petro continúa apostando por una estrategia de diálogo con los grupos armados, el control y financiación de las fuerzas militares y policiales disminuye, lo que alimenta un debate sobre las prioridades en la asignación presupuestal y las consecuencias que estas decisiones pueden tener para la estabilidad del país. Lo anterior, con una atención especial en el uso eficiente de los recursos y en la efectividad en esta clase de políticas.
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