La Fiscalía General de la Nación reabrió una investigación contra Martha Janeth Mancera, exvicefiscal general, y Luisa Fernanda Obando Guerrero, quien ocupó el cargo de delegada para la seguridad territorial, por el presunto delito de favorecimiento.
Según informó el organismo, la decisión de reactivar el caso, que había sido archivado durante la administración de Francisco Barbosa, se relaciona con un posible encubrimiento a favor de Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como alias Pacho Malo, un exfuncionario del CTI en Buenaventura señalado de mantener vínculos con organizaciones criminales.
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De acuerdo con un documento oficial emitido por la Fiscalía, la orden de desarchivar la investigación fue emitida el 15 de mayo de 2025.
El texto detalla que el caso se adelanta contra Mancera y Obando Guerrero por su presunta participación en actos que habrían favorecido a “Pacho Malo”, según información de Blu Radio.
Este último ha sido vinculado a actividades ilícitas y señalado como una figura clave en redes de corrupción dentro del CTI.
El origen de esta investigación se remonta a una denuncia presentada por la fiscal Angélica Monsalve, quien alertó sobre posibles irregularidades en la gestión de Mancera, tanto en su rol como vicefiscal como en cargos directivos en el Valle del Cauca.
Según Monsalve, estas irregularidades habrían beneficiado a “Pacho Malo” y a otros funcionarios de la seccional Cali investigados por corrupción.
Según el medio citado, aunque en diciembre de 2023 la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para respaldar estas acusaciones, la nueva administración, liderada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, decidió reabrir el expediente tras la aparición de nuevos elementos.
Entre las razones para reactivar el caso se encuentra lo descubierto en el proceso contra los agentes del CTI Víctor Forero y Juan Camilo López, quienes son investigados por presuntamente alterar informes de policía judicial relacionados con “Pacho Malo”.
Además, se han recolectado nuevos testimonios, incluyendo los de Ramón Esteban Peña Martínez, alias el Médico, y la abogada Ruth García Rojas, que han aportado información clave para el avance de las investigaciones.
Uno de los episodios más relevantes que ha salido a la luz en esta nueva etapa de la investigación involucra a los agentes del CTI Fabio González y Pablo Bolaños, quienes formaban parte del equipo que indagaba los vínculos de “Pacho Malo”.
Según sus declaraciones, el 28 de marzo de 2021, tras el secuestro y asesinato de su compañero Mario Herrera, se reunieron con Mancera en la sede de la dirección seccional de fiscalías en Cali.
Durante este encuentro, los agentes informaron a Mancera sobre hallazgos que vinculaban a “Pacho Malo” con actividades de narcotráfico.
Según su testimonio, la exvicefiscal reaccionó con molestia, especialmente después de que le mostraran una fotografía de Martínez Ardila.
Al día siguiente, González y Bolaños fueron citados nuevamente, esta vez en presencia del fiscal Jaime Ocampo, donde Mancera les habría reprendido por sus hallazgos.
Posteriormente, el 30 de marzo, durante la velación de Mario Herrera en Manizales, Mancera volvió a abordar el tema con ellos, mencionando la posibilidad de un traslado.
Ese mismo día, un correo anónimo enviado al director del CTI acusó a González, Bolaños y Herrera de supuestos actos ilícitos.
En paralelo, se ordenaron inspecciones a los expedientes relacionados con “Pacho Malo” y se autorizaron interceptaciones telefónicas contra González y Bolaños, quienes eran los únicos con acceso directo a información sobre el caso.
El 31 de marzo de 2021, Mancera asignó el caso del correo anónimo al fiscal Daniel Hernández.
Según la imputación presentada en el marco de esta investigación, a partir de ese momento se habrían ejecutado maniobras para desviar la atención del caso y proteger a alias Pacho Malo.
Estas acciones incluyeron presuntas irregularidades en la gestión de los expedientes y en las investigaciones relacionadas.
Por otro lado, tanto Fabio González como Pablo Bolaños enfrentan actualmente procesos penales por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al caso.
Según consignó la Fiscalía, estas acusaciones se enmarcan dentro del contexto de la misma investigación que involucra a “Pacho Malo” y a otros funcionarios del CTI.
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