Armando Benedetti lanzó ‘sablazo’ a los medios: “Qué raro que en televisión no hubo una sola imagen de la enorme manifestación en Barranquilla”

A través de su cuenta de X, Armando Benedetti, ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, se refirió a la manifestación convocada por Gustavo Petro en el Paseo de Bolívar, en Barranquilla, para pedir respaldo popular a la reforma tributaria.

Para el funcionario, la cobertura mediática no estuvo a la altura de lo que aconteció en la capital del Atlántico. “Qué raro que en televisión no haya habido ni una sola imagen de la enorme manifestación de anoche en Barranquilla”, escribió.

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El funcionario, que en este mismo gobierno ostentó los cargos de embajador ante Venezuela y ante la FAO, se ha mostrado más cercano al presidente Petro, siendo, además del propio primer mandatario, uno de los voceros más importantes de las reformas que se tramitan ante el Congreso de la República.

La Procuraduría General de la Nación solicitó información detallada al Ministerio del Interior acerca de un presunto convenio firmado con Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) por un monto cercano a los 90.000 millones de pesos. El objeto de dicho contrato sería la realización de eventos en distintos territorios del país, en el marco de una posible consulta popular.

La solicitud del ente de control se produce tras una denuncia pública hecha por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien aseguró que el contrato tendría una duración de ocho meses y contemplaría gastos diarios aproximados de más de 370 millones de pesos en actividades logísticas como transporte, alimentación, montaje de tarimas y conciertos, entre otros.

A raíz de la denuncia, la Procuraduría pidió a la cartera del Interior una copia del contrato y sus anexos, así como precisiones sobre el objeto del convenio, los servicios contemplados, su duración y la justificación técnica y operativa para la escogencia de Rtvc como entidad ejecutora.

De acuerdo con el requerimiento, se busca establecer si existe un vínculo contractual vigente entre ambas entidades y, en caso afirmativo, conocer los fundamentos técnicos que motivaron la elección de Rtvc para liderar la ejecución de los eventos. Además, el ente de control indaga si se realizó un análisis previo sobre la capacidad logística y operativa de la entidad encargada.

El contrato en cuestión estaría estructurado como una bolsa de recursos, la cual se iría agotando conforme se ejecuten los encuentros, reuniones o actividades solicitadas por el Ministerio del Interior.

Según los términos establecidos, Rtvc asumiría la totalidad de los servicios necesarios para la planeación y ejecución de dichos eventos, lo cual incluiría, entre otras cosas, la compraventa y arriendo de bienes, la contratación de personal, servicios de alimentación y transporte, producción y divulgación.

Ante la polémica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, negó cualquier vinculación directa con el contrato señalado. A través de sus redes sociales, el funcionario afirmó que no ha suscrito ningún convenio con Rtvc y atribuyó las denuncias en su contra a una campaña sistemática para desacreditar su labor en el gobierno.

El ministro también expresó su inconformidad frente a lo que considera una persecución política, luego de que la Procuraduría anunciara el inicio de indagaciones preliminares tras las afirmaciones del cabildante.

“Qué persecución tan HP! No se ha firmado aún el contrato con Rtvc y ya tengo denuncias por un imberbe concejal y requerimientos de la Procuraduría. ¿Qué es esta locura?”, escribió el titular de la cartera en su cuenta de X.

Por su parte, el concejal Briceño defendió la denuncia pública realizada, indicando que su objetivo es visibilizar lo que considera un uso cuestionable de recursos públicos con fines políticos. En su pronunciamiento, insistió en que su crítica se dirige a lo que considera una estrategia del gobierno nacional para promover la eventual consulta popular.

La Procuraduría mantiene su requerimiento de información y continuará evaluando los elementos que puedan dar lugar a una actuación disciplinaria formal, dependiendo de la respuesta del Ministerio del Interior y de los documentos que sean entregados.