
El Gobierno nacional volvió a radicar la consulta popular que se hundió en la plenaria del Senado, incluyendo cuatro preguntas relacionadas con el sistema de salud, que ahora se unen a otras 12 enfocadas en la reforma laboral. La radicación estuvo a cargo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que asumió por algunos días funciones presidenciales, debido a que el mandatario viajó al exterior por responsabilidades oficiales.
El hecho de que el jefe de la cartera presentara la propuesta al Congreso, firmado por otros 18 ministros, llevó a la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín a instaurar una denuncia por los delitos de prevaricato por acción y de abuso de función pública en contra de todos ellos.
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De acuerdo con la funcionaria, en los decretos que designaron a Jaramillo como ministro delegatorio con funciones presidenciales no se le atañe la facultad de “consultar al pueblo”, contemplada en el artículo 104 de la Constitución Política. Por ende, ni él ni los líderes de cartera que firmaron el documento podían radicar la nueva consulta popular.
“El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”, detalla la normativa.

La falta de inclusión de ese artículo indica que el jefe de Estado no transfirió jurídicamente la competencia para impulsar una consulta popular. En consecuencia, todos los firmantes estarían incurriendo en conductas penales.
“Ello conlleva necesariamente, a que el documento extendido bajo estas particulares circunstancias sea manifiestamente contrario a derecho, lo que entonces permitiría afirmar que, con el mismo acto, todos los denunciados infringieron la normatividad penal por la adecuación de su conducta al punible descrito para el Prevaricato por Acción”, se lee en el comunicado de la congresista.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la denuncia, afirmando que las acciones judiciales constituyen una forma de intimidación. No obstante, aclaró que la discusión ahora se adelanta con la población, que se está organizando en cabildos abiertos, y no con el Gobierno. “No nos amenazan más. Ya no es con el gobierno, es con el pueblo”, precisó.

El concejal de Bogotá Papo Amín, del Centro Democrático, comentó la publicación del primer mandatario asegurando que las acciones penales en contra de su gabinete no corresponden a una amenaza. Argumentó que, el rechazo de la consulta popular en el Senado fue una decisión netamente democrática, pues 49 congresistas votaron por el “No” y 47, por el “Sí”. No obstante, el proceso de votación fue puesto en duda por un presunto fraude.
“Por si no sabe aún su Consulta Popular perdió en total democracia y la que presentaron el día de ayer, si es que se llega a votar, tendrá el mismo resultado. Eso sí, dígale a sus Senadores que no se salgan a la hora de votar”, indicó.

Otra denuncia penal contra el ministro de Salud
El representante a la Cámara Andrés Forero, a través de sus redes sociales, informó que presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por los mismos hechos: la radicación de la nueva consulta popular.
Según el congresista del Centro Democrático, Jaramillo no tenía la autoridad para plantear la propuesta de convocatoria del mecanismo de participación ciudadana, puesto que las funciones delegadas por el presidente Gustavo Petro durante su ausencia del país no incluían la facultad para realizar consultas al pueblo.
“El ministro radicó la nueva consulta sin tener la delegación constitucional del presidente para hacerlo. Con su improvisación y chambonería, Jaramillo vició la consulta populista”, afirmó el representante a la Cámara.

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