La foto de jóvenes, aparentemente simpatizantes del Gobierno Petro, abordando un avión de la Policía Nacional para desplazarse a Barranquilla, donde se adelantó el cabildo abierto para exigir la aprobación de la consulta popular, sigue generando polémica en el país.
De hecho, aunque el presidente Gustavo Petro ya salió a explicar que se trataba del viaje de un equipo periodístico, en la mañana del miércoles 21 de mayo el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, radicó una solicitud formal para que el Ministerio de Defensa y la Policía nacional entreguen detalles del vuelo.
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“Señores @mindefensa He radicado a su despacho solicitud de información para que nos conteste detalladamente por qué razón la bodega propagandista de @petrogustavo se mueve en aviones de la @PoliciaColombia ¡Antes los quemaban y ahora usan sus aviones! Vamos al fondo de esto”, escribió el congresista.
La petición surge luego de que, el 20 de mayo de 2025, medios de comunicación y redes sociales reportaran imágenes de civiles utilizando dichas aeronaves, varios de los cuales son conocidos por sus aparentes inclinaciones políticas y críticas hacia sectores de oposición.
“Es fundamental obtener respuestas claras sobre el objeto y las condiciones en las que se realizó este traslado”, señaló Cadavid Márquez en un oficio dirigido al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y al general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional.
En su comunicación, el representante plantea un total de 11 preguntas para esclarecer los detalles relacionados con este episodio. Entre las principales dudas, cuestiona: “¿Con qué objeto fueron transportadas las personas particulares?” y exige que se detalle “el recorrido exacto de la aeronave, incluyendo destino, origen, fechas y horarios del vuelo”.
Además, Cadavid pidió a la cartera y a la institución policial que entregue el listado completo de los pasajeros involucrados, especificando su identidad, roles y cualquier vínculo contractual o laboral que puedan tener con el Estado.
Otra de sus inquietudes aborda el aspecto financiero del traslado. Cadavid solicitó un informe discriminado del costo total de dicha operación, incluyendo gastos de combustible, viáticos, operación de la aeronave y salarios del personal involucrado.
Asimismo, preguntó qué entidad gubernamental asumió los costos y bajo qué marco normativo o reglamentario se fundamentó la decisión de transportar a los particulares.
El legislador también requirió que se aclaren las normativas que permiten este tipo de usos, solicitando copia de contratos, convenios, actos administrativos o autorizaciones que sustenten la operación. Asimismo, indagó sobre posibles órdenes expresas del Ministerio de Defensa, de la Dirección General de la Policía Nacional o incluso de la Presidencia de la República. En caso de que existan dichas instrucciones, pidió la remisión de los documentos pertinentes.
“¿Cuál es el número total de vuelos realizados por aeronaves de la Policía Nacional entre el 07 de agosto de 2022 y el 20 de mayo de 2025 en los que hayan sido transportadas personas particulares, no pertenecientes a la Fuerza Pública ni a entidades del Gobierno Nacional? Detalle lugar de origen, destino, fecha y objeto del vuelo", fue una de las exigencias del representante a la Cámara.
Además, el congresista busca obtener cifras actualizadas sobre la flota aérea de la Policía Nacional, incluyendo cuántas aeronaves están actualmente operativas y cuántas de ellas se encuentran destinadas exclusivamente al transporte administrativo o de alto nivel.
También exigió datos del presupuesto anual asignado a la operación aérea de la institución y el porcentaje utilizado específicamente en el traslado de personas ajenas a la Policía Nacional.
Finalmente, el representante preguntó si está permitido que particulares participen en vuelos oficiales con fines políticos, protocolarios o de divulgación institucional. De ser así, cuestionó qué autoridad tiene la capacidad de autorizar esta participación y bajo qué criterios se otorgan los permisos.
Entretanto, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tienen un plazo de cinco días para remitir las respuestas detalladas a estas preguntas. En su oficio, advierte que la naturaleza reservada de ciertos documentos no puede ser oponible al Congreso de la República cuando las solicitudes de información se realizan en el marco constitucional y legal.
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