Investigarán a guardianes de cárcel en Riohacha por contrabando de objetos ilegales: desde videojuegos hasta drogas

Tres guardianes de la cárcel de Riohacha, en el departamento de La Guajira, enfrentan una investigación disciplinaria tras el intento de ingreso de objetos prohibidos al penal.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, los hechos ocurrieron la noche del 6 de mayo, cuando se detectó el ingreso de una consola de videojuegos, armas cortopunzantes, drogas y accesorios tecnológicos a través de una puerta de servicio ubicada en la parte trasera de la edificación.

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Los implicados son los dragoneantes Yoendri Darío Mejía Romero y Riverton Fillol Pontón, junto con el auxiliar del cuerpo de custodia Eylor Enrique Pérez Rojas.

De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira, los guardianes habrían puesto en grave riesgo la seguridad del centro penitenciario al permitir el ingreso de estos elementos.

La investigación busca determinar si los hechos constituyen una falta disciplinaria y si los involucrados actuaron bajo alguna causal que excluya su responsabilidad.

Según un informe publicado por Semana en octubre de 2024, los internos enfrentan condiciones deplorables, incluyendo hacinamiento extremo, alimentación con comida en mal estado y espacios que parecen abandonados por el Estado.

A pesar de que el gobierno destina más de 2.7 billones de pesos anuales al sistema penitenciario, este no logra cumplir con su objetivo de resocialización ni de contención del delito.

La Corte Constitucional lleva más de una década realizando un seguimiento a esta problemática, sin que se hayan logrado avances significativos.

En las principales ciudades de Colombia, cientos de detenidos permanecen en centros de paso que no garantizan sus derechos básicos, lo que, según las autoridades, facilita situaciones como la ocurrida en Riohacha, donde los internos intentan introducir elementos prohibidos.

En este contexto, la Federación de Municipios ha solicitado a la Corte Constitucional ser incluida en las mesas de trabajo para aportar soluciones a la crisis carcelaria.

Además, se ha planteado la posibilidad de que la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, pueda ofrecer alternativas para mejorar la gestión y el control en los centros penitenciarios. Sin embargo, estas propuestas aún no han sido implementadas de manera concreta.

Una acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá ha revelado un caso de presunta revictimización judicial y negligencia institucional en contra de Andrea Valdés Contreras, una mujer privada de la libertad en Colombia.

Según la denuncia, Valdés, quien cumple condena por homicidio agravado, habría sido víctima de abuso sexual por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mientras estaba recluida en la cárcel El Pedregal, en Medellín.

La tutela señala que las decisiones del Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá han agravado su situación de vulnerabilidad y riesgo personal.

De acuerdo con el documento de 23 páginas, conocido por W Radio, el juzgado habría incurrido en una omisión sistemática de sus deberes legales, lo que habría llevado a la interna a una situación de inconstitucionalidad.

“El juzgado citado, de manera reiterada, sistemática y constante, ha omitido el cumplimiento de sus funciones legales y, asimismo, ha tomado una serie de decisiones que no solo desconocen el ordenamiento jurídico nacional e internacional, sino que también colocan a mi representada en una evidente situación de inconstitucionalidad, vulnerabilidad y riesgo”, se lee en el texto de la tutela.

Valdés Contreras fue informada en octubre de 2024 que estaba embarazada, un hecho que, según sus declaraciones, fue consecuencia de agresiones sexuales perpetradas por dragoneantes del Inpec.

Estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, aunque hasta el momento no se han reportado avances significativos en el caso. La denuncia también señala que, tras conocerse su embarazo, las condiciones de reclusión de Valdés no mejoraron, lo que habría puesto en peligro tanto su salud como la del bebé.