
La sostenibilidad de las finanzas públicas del país atraviesa una coyuntura crítica, según el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes.
En recientes declaraciones en redes sociales, el exfuncionario manifestó su preocupación por el cumplimiento de la regla fiscal durante el presente año, en medio de señales que apuntan a una fragilidad estructural en el manejo presupuestal del Estado.
Para el exfuncionario del Gobierno Petro, uno de los principales factores que genera alarma es la ausencia de un presupuesto con enfoque programático y regionalizado.
De acuerdo con Reyes, esta carencia impide una planificación eficiente del gasto público y podría derivar en recortes presupuestales abruptos que, en su criterio, profundizarían las tensiones sociales existentes en distintas regiones del país.
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“La situación fiscal con la que le va a tocar lidiar al próximo gobierno es mucho más grave que lo que se ha entendido. No se trata solo de que las metas infladas de recaudo ya no van a ser suficientes para cumplir en el papel la regla fiscal“, señaló.
“Lo más grave es que la falta de un presupuesto programático y regionalizado va a llevar a recortes burdos que van a agudizar tensiones sociales. No hay un plan de contingencia para mostrarles a los inversionistas cuando el Ministerio de Hacienda reconozca la realidad de la que los inversionistas ya se dieron cuenta - que la regla fiscal es insostenible”, señaló Reyes.
El exministro también cuestionó las proyecciones de recaudo planteadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a las que calificó como excesivamente optimistas.
En su análisis, estas metas no solo son difíciles de alcanzar, sino que crean una falsa expectativa en torno a la estabilidad fiscal, lo que podría afectar la credibilidad ante los inversionistas.
Reyes sostiene que la problemática actual no puede atribuirse exclusivamente a decisiones de gasto de la actual administración. En su opinión, una porción significativa del presupuesto nacional está determinada por mandatos legales que limitan la capacidad de maniobra del Ejecutivo. Este fenómeno estructural, sumado a la falta de transparencia en el sistema presupuestario, configuraría un escenario complejo que trasciende los ciclos políticos o ideológicos.
A su juicio, propuestas orientadas a recortar el llamado “derroche” de recursos públicos, especialmente aquellas promovidas por sectores de derecha o autodenominados de centro, desconocen que la mayor parte del gasto está comprometida por normas legales vigentes. En ese sentido, estima que medidas de austeridad selectiva no serían suficientes para corregir el rumbo fiscal.
“Las promesas demagógicas de derecha y de “centro” de que van a llegar a recortar “derroche” desconocen que la mayor parte del gasto está amarrado por ley, y que, al ser tan opaco el sistema presupuestal colombiano, el primer paso tiene que ser transparentar las finanzas públicas”, enfatizó.
Como salida a esta situación, Reyes propone una transformación de fondo del sistema presupuestal colombiano. Plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo más flexible, que permita responder de manera eficaz a las realidades cambiantes del entorno económico, y más transparente, que facilite el control ciudadano y la toma de decisiones basadas en evidencia.
“Pero transparentar el presupuesto es destruir el sistema de desvío de recursos que se ha construido por décadas para permitir la “gobernabilidad” en el Congreso. La solución al problema fiscal requiere imaginar y construir un sistema totalmente distinto de hacer política”, añadió.
La regla fiscal —una disposición legal que impone límites al déficit estructural del Gobierno— fue concebida como un mecanismo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, voces como la de Reyes alertan que, en el contexto actual, su cumplimiento podría estar en riesgo si no se adoptan correctivos estructurales.
La advertencia del exministro se suma a una creciente preocupación en sectores académicos, económicos y políticos sobre el panorama fiscal del país en 2025, en un contexto marcado por la presión social, el aumento de las obligaciones legales de gasto y las dificultades para incrementar los ingresos tributarios.
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