Crisis fiscal en las universidades públicas de Colombia: se hallaron deudas por $8,3 billones, según la Contraloría

En la mañana del miércoles 21 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre la delicada situación financiera que enfrentan varias de las principales universidades públicas de Colombia, como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander.

En un informe, el organismo de control aseguró que el pasivo pensional acumulado por estas instituciones asciende a 8,3 billones de pesos, una cifra que, para la entidad, podría comprometer su sostenibilidad si no se toman medidas inmediatas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el documento presentado por la entidad, se detalla que la Universidad Nacional de Colombia acumula una deuda de 4,5 billones de pesos, considerado por el ente de control como el resultado de cálculos actuariales realizados por cada institución, aunque se advirtió que en algunos casos estas proyecciones se basan en datos desactualizados, con antigüedades de hasta una década.

La Contraloría subrayó la necesidad de actualizar estas proyecciones para evitar que las cifras reales de la deuda sorprendan a las instituciones en el futuro. Además, el organismo fiscalizador hace un llamado al Gobierno central para que garantice el giro oportuno de los recursos de concurrencia, es decir, los aportes de la Nación destinados a cubrir los pagos de los pensionados de estas universidades.

“Es necesario revisar los porcentajes que deben pagar estas entidades de educación superior, dado que, en algunas de ellas, los ingresos propios son insuficientes y no alcanzan para cubrir estas obligaciones”, afirmó la Contraloría en el informe.

Otro aspecto crítico señalado en el informe es la insuficiencia de los ingresos propios de algunas universidades para cubrir sus obligaciones pensionales. Un caso destacado es el de la Universidad del Valle, que debe aportar el 19,9 por ciento de los recursos necesarios para cumplir con los pagos, lo que ha generado dificultades financieras significativas.

“Cabe resaltar que la Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales en mención. Aunque se han transferido recursos adicionales, gran parte de ellos han tenido una destinación específica. Tal es el caso de los planes de cobertura que han venido implementando las universidades”, indicó el ente de control.

De otro lado, la entidad hizo referencia al régimen salarial y prestacional de los docentes, regulado por el Decreto 1279 de 2002, un sistema que permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica, lo que ha generado un aumento considerable en los costos anuales.

“Un caso para destacar es el de la Universidad de Antioquia, que en el 2017 reconoció un Valor Anual de los Puntos Asignados por $10.364 millones, mientras en el 2024 este valor ascendió a $18.239 millones, lo que significa un crecimiento del 76 por ciento”, precisó.

Adicionalmente, la Contraloría explicó que la formalización de la contratación laboral en las instituciones de educación superior públicas añade una nueva presión financiera, ya que, según cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), “requeriría recursos a la base presupuestal del sistema de universidades públicas que ascenderían aproximadamente a 2.9 billones de pesos”.

De otro lado, la política de gratuidad en las matrículas, implementada a través del Decreto 2271 de 2023, también ha tenido un impacto significativo en las finanzas de las universidades. Según el informe, el esquema de recaudo actual establece que las instituciones reciben un primer giro del 80 por ciento al inicio del semestre y un segundo giro del 20 por ciento, tras la validación de datos por parte del Ministerio de Educación Nacional.

“El primer giro del 80 % suele efectuarse una vez iniciado el calendario académico, cuando lo ideal sería contar con los recursos antes del comienzo del período”, resaltó la entidad.

Finalmente, el organismo de control señaló que otra dificultad para las instituciones de educación superior es la falta de inversión en infraestructura física y tecnológica, una deuda histórica que afecta la calidad de los servicios educativos.

“Un ejemplo emblemático es la Universidad Nacional de Colombia, que tiene proyectos de inversión en infraestructura física y tecnológica por un monto de 1,4 billones de pesos, para seguir brindando servicios educativos de calidad y ser referente a nivel nacional y latinoamericano”, subrayó.

Ante esta situación, la Contraloría enfatizó la necesidad de que los recursos provenientes de la Nación sean transferidos de manera oportuna y que estos sean crecientes, reconociendo la complejidad y las necesidades específicas de cada institución.