
Una investigación adelantada por las autoridades colombianas permitió la captura de una funcionaria de Migración Colombia, que presuntamente habría utilizado su cargo para exigir dinero a viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.
El caso fue documentado a través de videos de seguridad y el testimonio de varias víctimas, quienes detallaron los métodos de intimidación utilizados por la implicada. Los hechos, organizados cronológicamente por las entidades investigadoras, permitieron judicializar a la señalada por el delito de concusión en concurso homogéneo, con una posible pena de hasta 15 años de prisión.
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Leidy Marcela Quinche asumió el cargo de oficial de Migración, en provisionalidad, adscrita al grupo de Control Migratorio Especializado en El Dorado, desde principios de 2023. Desde su incorporación, fue asignada al módulo 19 de la zona de abordaje internacional, lugar donde, según las autoridades, ejecutaba su esquema delictivo.
Cámaras de seguridad revelaron esquema de extorsión en módulo migratorio de Bogotá
Durante su turno, mantenía conversaciones directas con viajeros que estaban a punto de salir del país, a quienes sometía a extensas verificaciones de documentos, con el pretexto de supuestas irregularidades.
Las denuncias comenzaron a recibirse tiempo después, cuando varios pasajeros relataron haber sido presionados por una funcionaria que les advertía que no podrían continuar con su viaje si no cumplían ciertos requisitos. Estas advertencias, según testigos, estaban acompañadas de sugerencias implícitas para resolver el asunto mediante pagos en efectivo.
“La oficial me dijo que si no tenía un soporte económico adicional no podía viajar, pero luego insinuó que podíamos arreglar de otra manera”, relató una de las víctimas durante su declaración a Noticias RCN.

De acuerdo con la investigación conjunta entre Migración Colombia, el Grupo de Investigaciones Especiales del Área Investigativa Anticorrupción de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación, las exigencias económicas de la funcionaria variaban según la situación del pasajero. Algunas víctimas manifestaron haber entregado sumas que oscilaban entre los USD100 y los USD3.500.
La mayoría de los afectados eran ciudadanos extranjeros o colombianos residentes en otros países, quienes no contaban con toda la documentación exigida o enfrentaban situaciones migratorias complejas.
El actuar de la funcionaria fue captado en repetidas ocasiones por las cámaras de seguridad del aeropuerto. En estos registros se observa cómo la mujer sostiene conversaciones con los pasajeros, revisa sus documentos durante varios minutos junto a un supervisor y luego recibe sobres o dinero que era extraído por los viajeros de sus pertenencias.

El medio en mención difundió parte de estos videos, donde se aprecia el comportamiento reiterado de la funcionaria frente a distintos usuarios del servicio migratorio.
La funcionaria podría enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel
La captura de Leidy Marcela Quinche, como fue presentada por las autoridades, se llevó a cabo tras el análisis de este material probatorio. La legalización de su aprehensión fue adelantada por un juez de control de garantías en un barrio al sur de Bogota, que posteriormente examinó la imputación de cargos presentada por la Fiscalía.
La mujer fue procesada por el delito de concusión en concurso homogéneo, lo que implica múltiples actos cometidos bajo la misma modalidad delictiva, agravados por su condición de servidora pública.

Durante la audiencia, de acuerdo con la revista Semana, la funcionaria aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que permitió avanzar con celeridad en el proceso judicial. Tras escuchar a las víctimas y evaluar las pruebas aportadas por los investigadores, el juez dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria, que será cumplida en su lugar de residencia mientras continúa el proceso penal.
Los testimonios recopilados durante la investigación señalan que la funcionaria convirtió su posición de control en un mecanismo para obtener beneficios personales.
Uno de los elementos más graves de la investigación es la posibilidad de que estos hechos formen parte de una red más amplia de tráfico de migrantes. Las autoridades no descartan esta hipótesis, dado que la funcionaria también habría permitido el paso de personas sin los requisitos legales, a cambio de pagos económicos; este aspecto se encuentra bajo revisión por parte de las unidades especializadas en crimen transnacional.
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