Fiscalía capturó a alcalde del Valle del Cauca por corrupción

El alcalde de El Cairo, (Valle del Cauca), Orlain Salazar Ramírez, fue capturado por presuntas irregularidades relacionadas con corrupción.

El hecho ocurrió durante un operativo realizado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Anticorrupción de la Policía nacional.

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Junto al mandatario fueron capturados también otras cuatro personas de su gabinete, entre ellos el secretario de Planeación, una ex funcionaria y dos personas más, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con el transporte escolar y la recolección de residuos sólidos.

Según la investigación, los contratos habrían sido direccionados hacia personas cercanas al entorno familiar y social del mandatario, con el objetivo de obtener beneficios económicos.

“El alcalde aprovechando su poder político y como ordenador del gasto, habría direccionado y adjudicó el contrato ”2024-7 para la prestación de transporte escolar en la zona rural del municipio de El Cairo”, reveló la revista Semana.

De igual manera, del contrato “2024-26 para la recolección de residuos sólidos como operario del vehículo recolector a personas allegadas presuntamente a su núcleo familiar y amigos a cambio de tener una participación económica de los mismos”.

Según la información recopilada, Salazar Ramírez, en su calidad de ordenador del gasto habría adjudicado estos contratos a personas allegadas, incluyendo a la pareja sentimental de su hijastra, quien, junto al alcalde, habría manejado los recursos derivados de estos acuerdos.

El caso también involucra la presunta alteración de documentos utilizados en la ejecución de los contratos, con el propósito de aparentar legalidad en los procesos.

Las irregularidades detectadas llevaron a la captura de otras cuatro personas, entre ellas Adrián Sánchez Rodríguez, actual secretario de Planeación e Infraestructura de El Cairo, y Diana Alexandra Vanegas Pedraza, ex secretaria de Salud y Desarrollo del municipio. Además, fueron detenidos los contratistas Yeison Darío Gaviria López y Divier Alexander Moncada Patiño.

Las acusaciones contra los implicados incluyen delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Según las autoridades, estas acciones habrían permitido el desvío de recursos públicos en beneficio de los involucrados.

Una conversación telefónica grabada desató un escándalo en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca.

Según informó el diario regional El País, el diálogo entre el excontralor Juan Rafael Carmona y el alcalde de la localidad, Gustavo Vélez, reveló un intento de mediación que el mandatario calificó como irregular.

En la llamada, Carmona habría ofrecido intervenir en un proceso disciplinario contra dos funcionarios municipales, lo que ha generado tensiones y acusaciones de corrupción en la administración local.

El proceso disciplinario en cuestión fue abierto por la Personería de Tuluá el 23 de diciembre, tras acusaciones de que los secretarios de Seguridad, Martín Hincapié, y de Educación, Francisco Girón, permitieron que un grupo de policías utilizara una escuela como alojamiento, lo que podría constituir una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Durante la conversación, Carmona ofreció “colaborar” en el caso, lo que provocó una reacción airada del alcalde Vélez, quien cuestionó la legitimidad de su intervención en un asunto administrativo.

De acuerdo con la grabación divulgada por el medio, la conversación comenzó de manera informal, pero rápidamente escaló en tensión. Vélez, visiblemente molesto, acusó a Carmona de reírse de un tema serio y cuestionó cómo tenía acceso a información sobre el caso, dado que no es funcionario ni contratista de la Personería.

 Además, el alcalde recordó un episodio previo en el que, según afirmó, Carmona y el actual personero de Tuluá, Óscar Alejandro García Trujillo, le habrían ofrecido dinero para garantizar que este último obtuviera el cargo de personero. Vélez aseguró contar con grabaciones de cámaras de seguridad que respaldarían su versión. “Usted vino acá a mi casa con ese muchacho a ofrecerme plata para que yo les diera la Personería”, afirmó durante la llamada.

Por su parte, Carmona negó categóricamente las acusaciones de haber ofrecido dinero y calificó las declaraciones del alcalde como un “show mediático”. En declaraciones a El País, el excontralor explicó que su intención al comunicarse con Vélez era mediar en la supuesta enemistad entre el alcalde y García Trujillo, a quien describió como un hombre disciplinado. Sin embargo, admitió que fue un error mencionar que conocía detalles del proceso disciplinario, ya que no tiene acceso a esa información.

El caso también ha puesto bajo escrutinio al personero García Trujillo, quien, según algunos concejales de Tuluá, habría contado con el respaldo de la banda criminal conocida como La Inmaculada para obtener su cargo. Esta organización, también llamada “La Oficina de Tuluá”, ha sido señalada en múltiples ocasiones por su influencia en la política local.

Según consignó El País, García evitó pronunciarse sobre el proceso disciplinario en curso y no respondió si mantiene algún vínculo con Carmona o si este actúa como asesor o contratista de su despacho. “Yo todo eso lo dejo en manos de la Fiscalía”, declaró.