Escándalo en la Ungrd: víctimas de La Guajira pidieron a la Fiscalía que se considere un principio de oportunidad para Sandra Ortiz

Las víctimas del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), encabezadas por la Red de Veedurías Ciudadanas, solicitaron el lunes 19 de mayo de 2025 a la Fiscalía General de la Nación considerar un principio de oportunidad para Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las Regiones y que es una de las principales involucradas en este proceso, al ser señalada de ser la mensajera en la entrega de millonarias coimas.

Ortiz, detenida por presunta implicación en el escándalo de corrupción, rechazó su participación en los hechos, pero manifestó estar dispuesta a colaborar como testigo. La Fiscalía, no obstante, descartó inicialmente dicha propuesta, debido a que no está dispuesta a otorgar inmunidad total frente a los sucesos en los que ha sido implicada como persona cercana al expresidente del Senado Iván Name Vásquez, señalado de haber recibido $3.000 millones provenientes del desfalco.

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En este sentido, la Red de Veedurías, representada por Pablo Bustos, argumentó en una misiva dirigida a la Fiscalía - con copia a la Corte Suprema de Justicia - que esta alternativa es crucial para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas. Bustos, que oficia como apoderado judicial de víctimas de la comunidad Pororu, sector Murujuy, La Guajira, remarcó la importancia de garantizar el debido proceso, la transparencia y el acceso efectivo a la justicia.

Por tal motivo, solicitó con carácter urgente que se considere en el proceso el principio de oportunidad para Ortiz, pues responde “al derecho de la sociedad y, particularmente, de las víctimas de este tipo de delitos, de conocer la verdad en casos tan graves de corrupción de cuello blanco”. Del mismo modo, hizo hincapié en la jerarquía que la exconsejera ocupaba dentro del Ejecutivo, al argumentar que su colaboración podría exponer detalles relevantes para la investigación.

El rechazo inicial de la ayuda ofrecida por Ortiz por parte de la Fiscalía ha sido objeto de críticas. Según señaló el veedor Bustos, las autoridades “ni siquiera han contrastado las declaraciones de Ortiz” antes de descartarlas. Además, en el transcurso de esta investigación, un juez especializado negó recientemente un acuerdo de principio de oportunidad con Olmedo López, que fungió como exdirector de la Ungrd, en una situación que calificó de perjudicial para la estabilidad del caso.

“Pese a que la Fiscalía había solicitado y suscrito el principio de oportunidad, no apelaron la decisión de negarlo”, expresó Bustos. En contraste, mencionó que a Sneyder Pinilla, otro implicado, y que se desempeñó como subdirector del Manejo del Riesgo de la entidad, ya se le había aprobado un principio de oportunidad similar, por su colaboración con los entes judiciales; teniendo en cuenta que sus testimonios han salpicado a exfuncionarios y congresistas.

Ortiz ha sido señalada por la Fiscalía como parte de un esquema a través del cual habría sido entregada la millonaria suma al senador Name, que también está siendo procesado y, de hecho, está con detención intramural, al ser considerado un peligro para la sociedad. Según la investigación, estos fondos tendrían origen en las operaciones ilícitas asociadas a la Ungrd, que quedaron al descubierto al revelarse sobrecostos en la compra de carrotanques para suministro de agua en La Guajira.

Desde su imputación y detención preventiva, la militante del partido Alianza Verde, al igual que Name y que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, ha insistido en querer colaborar con las autoridades para esclarecer su papel en este entramado. Lo que ha motivado el respaldo de la Red de Veedurías para otorgarle una posibilidad de cooperación judicial, a cambio de que revele todo lo que sabe de esta red corrupta.

En su reclamación, las víctimas del caso han sido enfáticas en que el testimonio de Ortiz podría ser determinante, particularmente para otros casos relacionados que se adelantan ante la Corte Suprema de Justicia, como el vinculado al senador Iván Name. “Lo más lógico era que su relato fuera presentado ante los magistrados de la Corte, siguiendo el principio de colaboración armónica”, señaló Bustos en la comunicación en la que expuso el caso en su totalidad.

Y es que en el comunicado enviado por la Red de Veedurías a la Fiscalía y la Corte Suprema, se precisó la urgencia de esta medida. “Sin la colaboración de Sandra Ortiz, el proceso contra los responsables corre el riesgo de colapsar”, advirtió Bustos. Es por ello que la veeduría reiteró en que garantizar este principio para la exfuncionaria no solo afianzaría la búsqueda de la verdad, sino que además incrementaría las posibilidades de una reparación integral para las víctimas.