Crisis en el Gobierno Petro: ya son cinco ministros y dos altos funcionarios que salen por la puerta de atrás tras denunciar presiones

El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un momento de alta tensión tras una serie de renuncias ministeriales, la más reciente protagonizada por la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, que pondrían de manifiesto las acusaciones sobre interferencias indebidas en su gestión. Y que serían una especie de modus operandi a juzgar por las reiteradas denuncias en este sentido, en medio de cinco remezones y más de cincuenta funcionarios desfilando por el gabinete.

Buitrago presentó su carta de renuncia irrevocable al jefe de Estado y señaló presiones por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Según Buitrago, ambos intentaron influir en decisiones clave, como el despido del director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ludwing Valero, así como la reubicación de presos y nombramientos en el sistema penitenciario.

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“Puse esto en conocimiento del presidente”, señaló la saliente ministra, que había sido ternada por Petro para oficiar como fiscal, aunque el primer mandatario, en contraste, negó tales afirmaciones y defendió las actuaciones de su controversial jefe de la cartera política. De hecho, el propio involucrado, Benedetti, se describió como el “perro más flaco” al que terminaron culpando de la situación; en declaraciones que terminaron de alimentar una fuerte polémica en las redes sociales.

Como reseñó el portal La Silla Vacía en su más reciente informe, estas tensiones en el Ministerio de Justicia no son un caso aislado dentro del mandato de Petro. Relatos similares han surgido desde distintas carteras ministeriales en las que varios exfuncionarios han señalado presiones o intromisiones que derivaron en su salida, lo que alimenta la teoría de que al interior del Gobierno Petro existiría la figura del “poder detrás del poder”; pese a que el señalado se encarga de desmentirlo.

Uno de ellos es el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, que tras dejar en marzo de 2025 su cargo al interior del equipo de trabajo del presidente decidió ‘prender el ventilador’: y reveló que políticos y altos funcionarios le recomendaron candidatos para ocupar posiciones en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), cuando fue director de esta entidad: entre el 10 de agosto de 2022 y el 4 de junio de 2024.

Entre las personas señaladas con propuestas de influencias están nombres como el exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras, el hoy procurador General de la Nación Gregorio Eljach, el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos; y, por supuesto, el propio Benedetti: con el que está enfrentado no solo en las redes sociales sino también en los estrados. Según una denuncia presentada a la fiscalía, esta red de influencias habría estado integrada por 62 personas investigadas.

De hecho, Reyes afirmó que Adelina Covo, suegra de Benedetti, y el hijo del jefe de Estado, que a la fecha afronta un juicio por la presunta comisión de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, buscaron influir en decisiones relativas a las aduanas de Barranquilla y Cartagena. “Rechacé estas demandas en un compromiso de lucha contra el clientelismo”, aseguró el exministro, cuya renuncia fue aceptada más tarde cuando Benedetti ingresaba al gabinete presidencial.

El referido medio también recordó la polémica desvinculación de la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, que se dio en marzo de 2023, apenas a seis meses de iniciar el Gobierno. Y todo porque se enfrentó a la inclusión de un polémico artículo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que habilitaba la expropiación exprés de tierras bajo el argumento de utilidad pública para la reforma agraria; una iniciativa que era impulsada directamente por el presidente Petro.

Aunque la ministra renunció inicialmente en protesta, el jefe de Estado logró persuadirla de permanecer un tiempo más, hasta que finalmente le pidió su dimisión del cargo, pues le habría cobrado que el referido artículo no fuera incluido en el PND. Es más: la exfuncionaria se ha encargado de contar en diferentes espacios cómo su renuncia fue solicitada por la entonces jefa de gabinete y hoy ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, de una manera que no habría sido cordial.

Las presuntas presiones también alcanzaron al encargado de reemplazar a Reyes la Dian: Luis Carlos Villabona, que según recapituló La Silla Vacía, enfrentó presiones para incrementar un 22% el recaudo fiscal del año anterior, en una meta que calificó como inalcanzable. Villabona rechazó emitir impuestos por decreto sobre las apuestas virtuales, como le pedían desde la Presidencia, y también se negó a aceptar un nombramiento impuesto en su organismo.

Según declaraciones de Villabona, su salida se concretó tras recibir una solicitud del exministro de Hacienda, Diego Guevara, que actuó en nombre del presidente Gustavo Petro. “El presidente argumentaba que la Dian pudo sacar una resolución para hacerlo directamente, y con eso no se hubiera tenido que ir a discusión con el Congreso. Pero, eso no es cierto, eso no era posible”, afirmó Villabona en diálogo con La República.

El conflicto en torno a la licitación de pasaportes fue el detonante para otro episodio controvertido. El excanciller Álvaro Leyva criticó a Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en el sonado caso de la licitación de los pasaportes, pues la exfuncionaria defendió la necesidad de llegar a una conciliación con la firma Thomas Greg & Sons, debido a que era un oferente que cumplía los requisitos.

Según Zamora, la decisión de declarar desierta la licitación podría derivar en una millonaria demanda en contra del Estado; no obstante, en medio de esta disputa, que desencadenó en su salida, se denunció una reunión en París (Francia) entre representantes de oferentes y el hijo del veterano extitular de la cartera de Relaciones Exteriores, Jorge Leyva, lo que intensificó las suspicacias sobre intereses privados en el proceso que terminó en la destitución e inhabilidad del mismo.

En este orden de ideas, otro caso de análisis involucra a la exministra de Transporte María Constanza García, que habría recibido indicaciones de suspender las operaciones del Grupo Ventura en el Muelle de Buenaventura y revertir la infraestructura al manejo estatal. Tras su salida fue designado Óscar Torres como director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con un mandato enfocado en “barrer la corrupción”; lo que fue entendido por ella como una acusación grave.

“Presidente Gustavo Petro, dejé pasar sus comentarios sobre la supuesta cooptación del Ministerio de Transporte por parte de las concesiones y la presunta falta de acción para reasignar los recursos de las vigencias futuras de las 4G (...) Estuve ahí, primero como viceministra y luego como ministra, y antes de mí hubo dos ministros nombrados por usted. En todo ese tiempo, jamás vi la corrupción que usted señala y mucho menos fui parte de ella”, refirió la saliente ministra.

Por último, el saliente titular de Hacienda Diego Guevara también vivió un desenlace abrupto. Luego de presentar un plan de recorte presupuestal necesario para estabilizar las finanzas públicas, vio cómo Petro revocaba su apoyo tras el anuncio de su consulta popular y, además, tildaba al equipo económico de “uribista”. Guevara había planteado medidas para evitar un colapso financiero que otros llamaron el “día del juicio final”, pero el rechazo a esta estrategia culminó con su renuncia.

La acumulación de denuncias y sorpresivas salidas, en medio de fuertes escándalos ante la opinión, plantea dudas sobre la autonomía con que operan los funcionarios de alto rango en el Gobierno del presidente Petro. Las narrativas de quienes han abandonado el gabinete coinciden en exponer lo que describen como una constante presión e intromisión en las decisiones técnicas y estratégicas de sus respectivas funciones; así, desde la Casa de Nariño lo nieguen.