
Un nuevo hecho violento fue reportado en la región del Catatumbo, donde se registró el asesinato de un líder comunal en jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander.
Freddy Ballesteros, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Milagro, fue ultimado en un ataque armado ocurrido este lunes 19 de mayo. El crimen se produjo en una zona rural del municipio, escenario frecuente de enfrentamientos entre estructuras ilegales.
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De acuerdo con versiones recogidas por las autoridades, Ballesteros fue interceptado por hombres armados mientras se movilizaba en motocicleta por un camino entre los sectores conocidos como La Serena y El Serpentino.
El ataque ocurrió cuando los agresores, también a bordo de una motocicleta, lo abordaron y dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo del dirigente quedó a un costado de la vía, en el lugar de los hechos.
Este homicidio generó rechazo en distintos sectores sociales y comunitarios, especialmente entre las organizaciones de acción comunal de la región, quienes lamentaron el fallecimiento de Ballesteros. Luis Alberto García, fiscal encargado de Asojuntas en el municipio de El Zulia, expresó en su cuenta de X: “Toda mi solidaridad con el movimiento comunal de Tibú. Rechazamos este nuevo hecho de violencia que enluta a una comunidad que solo busca el progreso y la paz”.
Las primeras indagaciones apuntan a que los presuntos responsables serían integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Este grupo es uno de los actores armados que mantiene influencia en la zona, en medio de disputas territoriales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de rutas estratégicas para el tráfico de estupefacientes. La confrontación entre ambas estructuras ha intensificado el clima de inseguridad en esta subregión del departamento.
Organismos de seguridad del Estado acudieron al sitio donde ocurrió el crimen para implementar medidas que garanticen la tranquilidad en la zona. El Ejército Nacional realizó un desplazamiento a la vereda El Milagro, en coordinación con otras autoridades, con el objetivo de asegurar el área mientras se desarrollan las diligencias judiciales pertinentes.
Este asesinato se produjo días después de una jornada institucional liderada por la Alcaldía de Tibú, en la cual participaron entidades gubernamentales como la Policía, la Personería y el Ejército. En esa oportunidad, el alcalde Richar Claro señaló que la actividad tenía como fin promover estrategias integradas para mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. “Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer el trabajo conjunto con la fuerza pública, implementando acciones que contribuyan a recuperar la tranquilidad, el orden y el bienestar de todos nuestros habitantes”, declaró el mandatario local.
El crimen de Ballesteros se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a líderes sociales en el Catatumbo durante los últimos meses. La región ha sido escenario constante de amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos, asociados en su mayoría a la confrontación entre grupos armados que buscan imponer su dominio sobre territorios rurales clave para sus actividades ilícitas.
En lo que va del año, organizaciones comunales han emitido alertas sobre la creciente exposición de sus integrantes a situaciones de riesgo. Estas advertencias también han sido recogidas por entidades defensoras de derechos humanos, que han instado a adoptar medidas urgentes para salvaguardar la vida de quienes representan a las comunidades en zonas de conflicto.
Por el momento, la Policía en Norte de Santander mantiene activa una investigación para esclarecer los móviles del homicidio y establecer las identidades de los autores materiales e intelectuales. En paralelo, la Fiscalía General de la Nación estaría adelantando acciones para recopilar pruebas que permitan judicializar a los responsables.
Mientras se desarrollan las investigaciones, líderes comunitarios del municipio han solicitado mayor acompañamiento por parte del Estado, insistiendo en la necesidad de reforzar la presencia institucional en áreas vulnerables. En varios pronunciamientos recientes, se ha pedido priorizar la protección a los representantes de juntas de acción comunal que, por su labor, pueden estar expuestos a represalias de actores ilegales.
La situación en el Catatumbo continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades locales y nacionales, ante la persistencia de hechos violentos en una región donde la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc no ha disminuido.

Según informes de inteligencia, el control del narcotráfico, los corredores de movilidad y la extorsión serían algunos de los factores que alimentan la disputa entre estas estructuras.
El homicidio de Freddy Ballesteros se convierte en un nuevo caso que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los líderes comunales en contextos de confrontación armada. Las organizaciones sociales han reiterado su llamado a garantizar el respeto por la vida de quienes trabajan por las comunidades en medio del conflicto.
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