La reforma pensional se va perfilando como uno de los temas de discusión política más intensos en el país.
Luego de que se conociera que la Corte Constitucional va a evaluar una ponencia que pide tumbar la reforma por vicios de trámite, el presidente Gustavo Petro reaccionó señalando que, detrás de todo, hay intereses ideológicos que buscan resquebrajar el articulado.
“Sería de una tristeza infinita que millones de viejos y de viejas, nuestros padres, madres, y abuelos y abuelas, no pudieran acceder a un bono pensional, solo por una posición cada vez más ideológica. Es como decir que el Estado Social de Derecho no es posible y no es posible la justicia social en Colombia. Claro que Colombia sera un país de Justicia Social, porque no hay otro camino para la paz” (SIC), señaló.
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Corte Constitucional comienza debate sobre la validez de la reforma pensional
La Corte Constitucional dará inicio al análisis de una demanda que cuestiona la legalidad del trámite legislativo mediante el cual se aprobó la Ley 2381 de 2024. El proceso está siendo liderado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente del alto tribunal, que ya presentó la ponencia que sugiere declarar inconstitucional la norma en su totalidad.
El expediente se origina en una demanda interpuesta por la senadora del partido Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia. De acuerdo con información divulgada por medios nacionales, como W Radio y Semana, la ponencia fue radicada el pasado 15 de mayo y propone que la ley sea considerada inexequible por presuntos vicios en el procedimiento legislativo.
La Corte tiene previsto abordar inicialmente los artículos 10 y 11 de la ley el jueves 22 de mayo. Posteriormente, el 29 del mismo mes se dará apertura a la discusión completa sobre la constitucionalidad de la reforma, que estaba programada para entrar en vigencia el 1 de julio de 2025.
La propuesta del magistrado Ibáñez plantea que el proceso en el Congreso no se ajustó a los lineamientos constitucionales, lo cual, de confirmarse, invalidaría la norma en su conjunto. Además, el despacho del presidente de la Corte cuenta con elementos probatorios adicionales relacionados con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los cuales fueron solicitados directamente por el magistrado en el contexto de este proceso.
Cabe destacar que una primera ponencia que también proponía declarar inexequible la norma fue descartada por razones de procedimiento. En esa ocasión, la Secretaría General del alto tribunal continuó con el trámite del expediente sin haber resuelto previamente el impedimento presentado por la magistrada Diana Fajardo, lo que obligó a reiniciar el proceso.
La decisión final estará en manos de la Sala Plena de la Corte, compuesta por nueve magistrados, quienes deberán evaluar si el trámite de la reforma se ajustó a los estándares constitucionales y si corresponde mantener o anular la ley.
En contraste con la ponencia del magistrado Ibáñez, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte declarar exequible la reforma. En un concepto emitido el 22 de abril, el procurador Gregorio Eljach manifestó que, según el análisis del Ministerio Público, el Congreso adelantó el proceso legislativo sin incurrir en irregularidades sustanciales. El documento sostiene que no se identificaron fallas de procedimiento que representen una violación a la Constitución.
Además de respaldar la validez formal de la norma, el concepto del Ministerio Público hace especial énfasis en el artículo 84.5 de la ley, recomendando que sea protegido frente a interpretaciones que puedan restringir derechos adquiridos por los ciudadanos.
La Procuraduría también advierte que, aunque la norma aún no ha entrado en vigencia, ya está generando efectos en el sistema pensional. Entre estos efectos se destacan movimientos financieros hacia Colpensiones y el fondo de estabilización del Banco de la República, así como la preparación de las administradoras privadas para incorporar nuevos afiliados. Esta situación, según el ente de control, refuerza la importancia de otorgar claridad jurídica y estabilidad al nuevo modelo.
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