Ministro del Trabajo puso en duda que los empresarios quieran respaldar la reforma laboral del Gobierno Petro

El trámite del proyecto de reforma laboral del Gobierno Petro revivió en el Congreso de la República tras haber enfrentado dificultades apenas días atrás. La iniciativa empezó a ser discutida de nuevo a partir de la audiencia pública organizada por la Comisión Cuarta del Senado, el 19 de mayo, en un intento por recoger opiniones y propuestas de distintos sectores, incluidos ciudadanos, académicos, empresarios y gremios. La audiencia marca el primer paso en un proceso que enfrenta retos , tanto en el ámbito legislativo como político.

Al respecto, y teniendo en cuenta que los empresarios salieron a respaldar ahora la iniciativa, luego de apoyar la caída de la consulta popular del Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a recientes llamados de concertación de empresarios como el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

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Por medio de X, el funcionario aseguró que el proyecto de reforma ya ha sido objeto de amplias discusiones y modificaciones durante años. Por un lado, calificó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, como “impresentable” por alegar que ahora sí se debe discutir y concertar la reforma laboral resucitada.

Ante esto, recordó que “llevamos dos años discutiendo y concertando”. Puntualizó que “el articulado que salió de Cámara de Representantes y fue archivado sin discutirlo por sus amigos en la Comisión Séptima del Senado, había sido modificado en 65 de 82 artículos respecto al proyecto original del Gobierno del Cambio”.

Asimismo, el ministro Sanguino cuestionó: “¿O es que están pensando en peluquear la reforma para que no se reforme nada? Vamos a la Comisión Cuarta a defender la reforma que merecen los trabajadores y trabajadoras del país”. Y señaló que, “al mismo tiempo, la movilización ciudadana sigue presente”.

Entre tanto, los empresarios se han mostrado abiertos al diálogo y expresaron disposiciones concretas para apoyar ciertos aspectos de la reforma. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó a El Tiempo que el sector privado está dispuesto a aceptar modificaciones como el recargo nocturno desde las 7:00 p. m. y el pago del 100% por trabajo en domingos y festivos. Sin embargo, advirtió sobre el impacto económico que tales cambios podrían tener en ciertos sectores específicos.

Según el dirigente, la reforma debería desarrollar un régimen especial para micro y pequeñas empresas, así como para sectores como restaurantes, hotelería, comercio y vigilancia, que podrían enfrentar costos laborales elevados tras la implementación del proyecto.

El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a diferentes entidades empresariales, también expresó su respaldo al proceso legislativo en curso, al comprometerse a participar en los debates y aportar sus perspectivas. En un comunicado, la organización que lidera Camilo Sánchez enfatizó la necesidad de un análisis técnico exhaustivo sobre los posibles efectos económicos y laborales de la reforma, con el fin de equilibrar los intereses de trabajadores y trabajadores.

“Se requiere un sano equilibrio que permita promover el empleo, la formalidad y la productividad”, afirmó el “gremio de gremios”.

Pese al diálogo para concertar una reforma laboral que benefice al país, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, expresó su preocupación ante la posibilidad de que, tras la negativa del Congreso a la consulta popular por costosa y engañosa, se pretenda compensar con la aprobación acelerada de una reforma laboral que ya ha sido archivada en dos ocasiones, no porque no fuera el momento ideal, sino por sus graves implicaciones para el empleo y la economía nacional.

Según dijo, una reforma que fue considerada inconveniente antes, no puede ahora presentarse como viable bajo presiones o como parte de una transacción política".

Para él, “los riesgos que representa siguen siendo los mismos: la pérdida de más de 454.000 empleos formales, de acuerdo con estudios del Banco de la República, como consecuencia del aumento desproporcionado de los costos para las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97% del tejido empresarial del país”.