Este lunes 19 de mayo se llevó a cabo una audiencia clave en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y exdiputado de la Asamblea del Atlántico.
La diligencia marcó un momento decisivo, ya que representaba la última oportunidad para que la defensa del exdiputado alcanzara un preacuerdo con la Fiscalía.
El exdiputado enfrenta cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. La Fiscalía sostiene que habría recibido dineros de origen no justificado durante el tiempo en que ejercía funciones públicas.
Aunque había sido convocado a comparecer de forma presencial junto a su abogado, Alejandro Carranza, Nicolás Petro asistió a la audiencia de manera virtual. El defensor del hijo del primer mandatario explicó que fue una recomendación de seguridad, debido a que ha recibido amenazas a raíz de la consulta popular.
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“Debido al tema de la consulta popular, que es un tema político, las amenazas y los insultos se han exacerbado en contra de la familia del señor presidente. Y ahí a Nicolás y a Laura los han venido atacando, entonces, por recomendación de seguridad, se solicita que sean virtuales”, explicó el abogado.
Debido a lo anterior, el juez Hugo Carbonó insistió en la importancia de que las audiencias se realicen de forma presencial, al advertir que las fallas en la conexión a internet pueden afectar el desarrollo del proceso. No obstante, ante las circunstancias expuestas por la defensa de Nicolás Petro, el magistrado accedió a que la diligencia continuara de manera virtual y expresó su preocupación por la situación de seguridad del hijo del presidente.
La fiscal Lucy Laborde pidió que la participación remota de Nicolás Petro no se convierta en una práctica habitual. Frente a ese planteamiento, el juez señaló que, aunque en esta ocasión se permitió la conexión virtual por motivos de seguridad, la etapa del juicio requerirá la presencia física del acusado. Añadió que, al tratarse de una fase preliminar y no haberse registrado fallas técnicas, no existía impedimento para continuar de manera virtual.
Al comenzar la audiencia, el defensor expuso y pidió formalmente la admisión de pruebas y declaraciones que espera sean valoradas durante el juicio.
El abogado Alejandro Carranza pidió al juez tener en cuenta los cargos formulados contra Day Vásquez por la supuesta violación de datos personales de Laura Ojeda y Génesis Olave, argumentando que ese episodio ha influido negativamente en el caso contra Nicolás Petro.
La defensa de Nicolás Petro sostiene que el proceso en su contra no fue iniciado con fines estrictamente judiciales, sino motivado por intereses ajenos a la justicia, los cuales, afirmó, serán debatidos durante el juicio.
“Este proceso judicial es un proceso que fue instalado, no con los fines de buscar justicia sino con otros, que serán discutidos en juicio. He hablado de sesgo institucional. Esta acusación le da la razón a la defensa porque Day Vásquez fue imputada por este delito junto con los que usted está conociendo en la misma audiencia de este radicado”, comentó.
A lo anterior explicó: “Es decir, cuando se imputó a Nicolás Petro se imputó a Day Vásquez, solo que a ella adicionalmente le imputaron el delito de violación de datos. Su señoría, hay una raíz común y le permite a la defensa dar una muestra clara del sesgo institucional, este caso (el de Petro) sí ha avanzado, mientras que el caso de Vásquez no tuvo ninguna proyección de urgencia”.
El defensor también solicitó que se revise un informe elaborado por la policía judicial en las primeras etapas del proceso, al considerar que el fiscal Mario Burgos habría recurrido de forma irregular a ciertas fuentes de información al iniciar la investigación contra Nicolás Petro.
“No obstante, le quiero informar, su señoría, que, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la defensa del señor Nicolás Petro, no se ha logrado encontrar la mencionada fuente, y tal vez por eso le hayan dicho que no va a ser usada en juicio”, comentó el abogado.
La defensa de Nicolás Petro también pidió incorporar como prueba un documento presentado por David Teleki, su abogado al inicio del caso, en el que se alerta sobre un presunto acceso indebido a sistemas informáticos en el manejo del material recopilado por la Fiscalía.
El abogado Alejandro Carranza también pidió que Máximo Noriega sea llamado como testigo, e incluyó en su solicitud a Germán Burgos Dueñas, Laura Ojeda y Samuel Santander Lopesierra como testigos cuya declaración considera relevante para la etapa probatoria. También mencionó a Ricardo Roa entre las personas que, a su juicio, deben rendir testimonio.
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