Carlos Fernando Galán emprenderá acciones legales contra el uso de menores de edad en bloqueos por parte de la comunidad embera

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la Administración distrital emprenderá acciones legales para garantizar el retorno de la comunidad indígena embera a su territorio de origen. Además, presentará una acción de tutela con el objetivo de restablecer los derechos de los menores de edad que, según sus declaraciones, están siendo instrumentalizados en manifestaciones y asentamientos en la ciudad.

“Hemos visto la semana pasada y en otras oportunidades cómo han utilizado menores de edad los miembros de la comunidad indígena embera para hacer bloqueos en las vías. Eso no está permitido, eso no lo pueden hacer. Eso vulnera los derechos de los niños y los pone en riesgo. Y no vamos a permitir que eso siga sucediendo", señaló el alcalde.

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Durante una rueda de prensa desde el Parque Nacional, en las horas de la tarde del 19 de mayo de 2025, Galán denunció que los menores de edad están siendo utilizados en actividades que vulneran sus derechos fundamentales.

Según el mandatario, la comunidad indígena ha impedido que los niños que se encuentran en el parque accedan a servicios básicos ofrecidos por el distrito, como educación y atención en los centros Amar. Galán afirmó que, de los 320 niños embera inscritos en colegios distritales, ninguno asistió a clases el día de la ocupación. Asimismo, cerca de 100 menores que deberían estar recibiendo atención en los centros Amar tampoco pudieron acceder a estos servicios, ya que fueron trasladados al asentamiento en el Parque Nacional.

Y es que de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Distrital de Gobierno, en las horas de la mañana del 19 de mayo, un grupo de aproximadamente 500 personas de la comunidad embera, proveniente de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, se instaló en la carrera Séptima con calle 39, en el costado norte del Parque Nacional.

La dependencia señaló que equipos de la Administración distrital se encuentran en el lugar para dialogar con los líderes de la comunidad y recordar que el asentamiento en este espacio público no está permitido. Sin embargo, las autoridades señalaron que la comunidad ha mostrado resistencia a las medidas propuestas.

El alcalde enfatizó que esta situación constituye una violación de los derechos de los menores y reiteró el llamado a las autoridades judiciales y al Gobierno Nacional para que cumplan con las decisiones judiciales que ordenan el retorno de esta población a sus territorios. “No vamos a permitir que esto siga sucediendo. Hacemos un llamado a todas las autoridades judiciales, que tienen la responsabilidad de hacer cumplir esa decisión judicial sobre el retorno de esta población”, declaró Galán.

El secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, subrayó que el espacio público no es un lugar adecuado para asentamientos temporales y que esta situación afecta especialmente a los niños y niñas, quienes son los más vulnerables. Quintero también instó a la Unidad para las Víctimas a definir una estrategia de retorno digno para la comunidad embera, en cumplimiento de las normativas vigentes. “El Parque Nacional no es un lugar en el que vayamos a permitir nuevamente asentamientos. Estamos aquí como distrito para trabajar y encontrar soluciones con el Gobierno Nacional”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, informó que en la ocupación del Parque Nacional se encuentran cerca de 150 niñas y niños embera, concentrados principalmente en el costado de la calle 39, junto a la sede de la Universidad Javeriana. Angulo expresó su preocupación por la alta presencia de menores en el lugar y señaló que esto podría indicar un direccionamiento intencionado de la población más vulnerable hacia el asentamiento.

“No vamos a tolerar violaciones a los derechos de niños y niñas y estamos dispuestos a activar todas las rutas que sean necesarias (...) Hubo una instrucción para llenar el parque de niños y niñas y de tal manera que ellos pudieran servirles de cierta protección a las personas que vienen a la protesta. ¡Eso se llama instrumentalización! Esa es nuestra lectura y no hay lugar para ambigüedades.”, agregó Angulo.

Las autoridades distritales solicitaron el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de la Policía de Infancia y Adolescencia para reforzar su presencia en el Parque Nacional y garantizar la protección de los derechos de los menores. Según las declaraciones de los funcionarios, el distrito continuará trabajando para ofrecer soluciones a la comunidad embera, pero insistirá en que el espacio público no puede ser utilizado como lugar de asentamiento.