Desde las primeras horas del 19 de mayo de 2025, un grupo de personas pertenecientes a la comunidad indígena embera, previamente asentadas en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, se trasladó al Parque Nacional en Bogotá como parte de una protesta para exigir el cumplimiento de compromisos pactados con el Gobierno nacional y el Distrito Capital.
Según detalló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, la situación refleja la necesidad de un debate profundo sobre el tratamiento y las soluciones para esta población en la ciudad. La protesta, que ya suma más de 400 personas, evidencia, para Quintero, una crisis humanitaria que se ha prolongado durante años sin respuestas efectivas.
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Por qué la comunidad embera está asentada en el Parque Nacional
Quintero señaló que los albergues temporales como La Rioja y La Florida fueron concebidos como soluciones transitorias con un plazo máximo de tres meses, a la espera de un retorno a los territorios de origen. Sin embargo, pasaron aproximadamente cuatro años sin que este retorno se haya concretado, a pesar de ser la principal demanda de la comunidad.
El secretario subrayó que un alojamiento colectivo permanente no es viable para el distrito, y que quienes decidan permanecer en Bogotá pueden acceder a los servicios sociales disponibles. No obstante, la mayoría de las familias busca regresar a sus territorios o ser reubicadas en condiciones dignas.
El cabildante Óscar Bastidas también se pronunció sobre la situación, destacando que desde el 7 de mayo familias indígenas embera alojadas en la UPI Florida y en lugares informales decidieron tomar medidas de hecho para exigir el cumplimiento de los acuerdos.
Según Bastidas, transcurrió 13 días sin avances concretos ni compromisos serios por parte de las autoridades. Además, nuevas familias provenientes de la UPI La Rioja se han sumado a la protesta, pernoctando en el Parque Nacional como acto de resistencia y denuncia.
Es importante señalar que el contexto de la problemática incluye antecedentes preocupantes. Bastidas recordó que el próximo 26 de mayo se cumplirán dos años desde que la Secretaría Distrital de Salud emitió la Resolución 1207 de 2023, que ordenaba el cierre de la UPI La Rioja por no cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad. A pesar de esa medida, las condiciones de vida de las familias indígenas no han mejorado, y las respuestas institucionales han sido calificadas como insuficientes. El cabildante añadió que la situación actual refleja no solo el incumplimiento de compromisos, sino también la persistencia de la estigmatización y la exclusión hacia esta población.
“¿Cómo puede hablarse de garantía de derechos cuando cientos de personas viven en condiciones precarias? ¿De verdad estamos priorizando el bienestar de niñas y niños, o las acciones institucionales son únicamente medidas mediáticas? ¿Las soluciones propuestas por el Distrito y el Gobierno Nacional cuentan con respaldo presupuestal y voluntad política para ser implementadas?“, cuestionó Bastidas.
Asimismo, el cabildante criticó si las acciones institucionales realmente priorizan el bienestar de esta población o si se limitan a medidas mediáticas sin respaldo presupuestal ni voluntad política para su implementación. Además, señaló que la repetición de esta problemática año tras año evidencia fallas en el diseño y la ejecución de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas.
Bastidas hizo un llamado al respeto y a la empatía hacia los pueblos indígenas, destacando que las familias no buscan privilegios, sino el cumplimiento de sus derechos fundamentales. El concejal añadió que la indiferencia y la falta de acción por parte de las autoridades perpetúan una crisis que podría evitarse con soluciones reales y sostenibles. Asimismo, instó a sus colegas, a la ciudadanía y a las instituciones a reconocer la gravedad de esta situación y a trabajar en conjunto para garantizar una vida digna para estas comunidades.
Finalmente, el secretario Quintero enfatizó la necesidad de un diálogo amplio que involucre al Gobierno nacional, el Distrito Capital y el Ministerio Público para abordar de manera integral el fenómeno migrante de la comunidad embera. Para el funcionario, es elemental que las autoridades definan un horizonte realista y cumplir los compromisos pactados para evitar que estas dinámicas de ocupación de parques y sedes públicas se sigan repitiendo.
“Pero más allá de conversarlo, es fundamental que la Nación defina un horizonte realista frente a lo que viene y que se cumplan los compromisos pactados“, precisó en su publicación el secretario Quintero.
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