Salen a la luz nuevas pruebas de las presuntas presiones a Ángela María Buitrago: “Suspender contratación de trajes del Inpec”

El nombre de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) sigue en el centro de la polémica, después de que fuera señalada como una de las protagonistas de la reciente renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

De hecho, después de que su nombre, junto al del ministro del Interior, Armando Benedetti, saliera a flote, se emitió una respuesta inmediata de ambos, quienes negaron las acusaciones y anunciaron demandas por injuria y calumnia. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría ya tienen en su poder un extenso dossier con pruebas que incluyen mensajes enviados por Rodríguez a la exministra.

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Pero en la mañana del domingo 18 de mayo El Tiempo dio conoció un nuevo chat fechado el 8 de abril, proveniente del teléfono de Rodríguez, mostraría intentos de esta funcionaria por influir en asuntos exclusivos del Ministerio de Justicia. En uno de los mensajes, por ejemplo, Rodríguez instruye a Buitrago suspender la contratación de trajes para el Inpec.

Esta revelación forma parte de un extenso dossier que la Fiscalía y la Procuraduría ya tienen en su poder, como parte de la denuncia que Buitrago presentó antes de renunciar de manera irrevocable esta semana.

“Porfa suspender contratación de trajes del INPEC”, fue el mensaje que recibió la ministra a las 6:22 p. m. del 8 de abril.

En la mañana del domingo 18 también se dieron a conocer otros mensajes de Angie Rodríguez al WhatsApp de Ángela María Buitrago. Según información revelada por Daniel Coronell para la revista Cambio, la directora del Dapre también habría influido en otro trámite por el que se presionó a la ministra de Justicia.

Entre los hechos denunciados estaría la gestión sobre la exportación de cloruro de calcio dihidratado USP, una sustancia controlada por el Ministerio de Justicia debido a su uso como precursor químico en la producción de cocaína.

El 23 de abril, después de un debate sobre la Ley de Jurisdicción Indígena, la ministra fue contactada por la senadora Gloria Flórez y representantes de la empresa cubana Tecnosuma, quienes solicitaron apoyo para agilizar la exportación de este material destinado a tratamientos de hemodiálisis para pacientes diabéticos.

Buitrago explicó que el proceso requería cumplir con varios requisitos legales, incluyendo autorizaciones del Ministerio, la Policía y controles específicos. Sin embargo, el 7 de mayo, Rodríguez reenvió un mensaje de la senadora Isabel Zuleta, también del Pacto Histórico, que instaba a agilizar el trámite alegando que la exportación directa a Cuba no era viable por temor a sanciones, y que Tecnosuma debía manejar la exportación sin almacenar el producto.

Ese mismo día, Rodríguez contactó nuevamente a Buitrago para reiterar que estaba con el presidente, en una comunicación que la exministra respondió brevemente.

En cuanto a su renuncia, Buitrago relató que el presidente Gustavo Petro atribuyó su salida a diferencias con su política de paz. En su denuncia, la ministra detalló que, al regresar de Washington el 13 de mayo, recibió un concepto desfavorable sobre una extradición, pero aclaró que el único motivo válido para negar dicha extradición sería un pronunciamiento adverso de la Corte Suprema o del presidente. Firmó una decisión favorable y la remitió a Presidencia el 15 de mayo.

La denuncia también señala un desacuerdo sobre la designación del ministro encargado durante la ausencia de Buitrago en Washington. Aunque ella había nombrado al secretario general del Ministerio de Justicia para el cargo, Rodríguez solicitó que el puesto fuera asignado a Augusto Ocampo, secretario jurídico de Presidencia y cercano al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ocampo asumió funciones ministeriales desde el 16 de mayo, fecha en la que se oficializó la renuncia de Buitrago.

Ocampo trabajó en la administración ‘Bogotá Humana’ y mantiene vínculos con Jaramillo. En 2024 fue sancionado por la Comisión de Disciplina Judicial debido a un caso de estafa, aunque fue absuelto en segunda instancia semanas antes de asumir su nuevo cargo.