
El rifirrafe entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, causó el domingo 18 de mayo de 2025 una fuerte reacción en las redes sociales. La acusación del primer mandatario de los colombianos de que Toro influyó en el hundimiento de una consulta popular en el Senado, tuvo repercusiones mediáticas, pues cuestionó el compromiso de la mandataria regional con los trabajadores y habría condicionado la entrega de recursos.
“En el partido de la U, la actitud anticonsulta de la gobernadora del Valle partió las aguas. No era necesario impedir la voz de la sociedad completa porque desde la COP16, el gobierno ayudaba a la gobernadora del Valle en sacar adelante la sociedad vallecaucana”, expresó el jefe de Estado, que apuntó a que la mandataria regional, que fungió como directora del partido de la U, estaría respondiendo a intereses particulares, por lo que habría interferido en la posición de la colectividad.
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En medio de esta controversia, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, salió en respaldo de la gobernadora y criticó a Petro, acusándolo de adoptar una postura intimidatoria hacia el departamento del Valle del Cauca. El veterano político, que se ha declarado abiertamente opositor a las reformas impulsadas desde el Ejecutivo, no dejó escapar la ocasión para tomar partido en esta disputa y arremeter contra el presidente por sus duras acusaciones contra Toro.

“El presidente Petro amenaza al Valle del Cauca, un departamento con más de 4.6 millones de habitantes, solo por sospechar que la gobernadora Dilian Francisca Toro es corresponsable del hundimiento de la consulta politiquera que lidera”, expresó Cepeda. Y añadió que el presupuesto estatal no debe ser utilizado como herramienta de extorsión, por lo que le recordó que los recursos son para beneficiar a la población general, no para arrinconar a los que piensan diferente.
“Le recuerdo, presidente Petro, que los recursos presupuestales que la democracia le confió no son para extorsionar ni arrinconar a los colombianos, tampoco para derrochar 1 billón de pesos convocando a una consulta politiquera, son para ejecutar obras que beneficien a todos”, puntualizó.
¿Por qué Petro estaría siendo acusado de “extorsionar” a las regiones?
La polémica que antecede a este enfrentamiento mediático surgió luego de que el Senado rechazó en la plenaria del miércoles 14 de mayo la propuesta de consulta popular impulsada por Petro. La votación, que se desarrolló en medio de acusaciones de fraude contra Cepeda, culminó con 49 votos en contra y 47 a favor del proyecto; pues el oficialismo no logró convencer a algunos miembros de los sectores oficialistas que se abstuvieron de ejercer su derecho.
“La democracia habló en el Senado y votó no a una consulta popular, inconveniente que les iba a quitar a los colombianos 750.000 millones de pesos de su bolsillo”, dijo Cepeda. Y afirmó que la reforma laboral, que revivió en la misma sesión en la que se hundió la consulta, continuará discutiéndose en la Comisión Cuarta de Senado, esperando que se logre un acuerdo conciliador: pues no se radicó ninguna ponencia negativa para su discusión en esta célula legislativa.
El ambiente se caldeó desde tempranas horas del domingo 18 de mayo, cuando se conocieron los mensajes que habría enviado el ministro del Interior, Armando Benedetti, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en los que solicitaba detener apoyos dirigidos a Toro. “Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca. Nos traicionó y de qué manera... pregúntale al presidente”, se leyó en los chats revelados por la revista Cambio.
Estos mensajes han sido interpretados desde sectores contrarios al Gobierno como una maniobra para castigar políticamente a la gobernadora y al Valle del Cauca y condicionar el apoyo estatal a la región; mientras tanto, el presidente aseguró que Toro había perdido el apoyo del mundo laboral del Valle del Cauca debido a intereses de clase. “El instinto de clase sobre el interés general. Lástima que el mundo laboral vallecaucano se quede sin gobernadora”, acusó Petro.

Por su parte, la mandataria negó las acusaciones y defendió su compromiso con los derechos laborales. En un pronunciamiento público, respondió directamente al presidente. “Los derechos de los trabajadores no son una lucha exclusiva suya; han sido una lucha mía también, la he dado desde el Congreso, como gobernadora y como jefa que fui de un partido político”, afirmó Toro, que dejó en claro que, en su rol como gobernadora, no participa en votaciones del Congreso.
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