
La senadora Angélica Lozano se ha convertido en una de las voces más importantes del debate que a nivel nacional ha surgido por la caída de la consulta popular. Sobre ese tema, la reforma laboral y el Gobierno Petro habló Lozano en entrevista con Colprensa.
La legisladora de la Alianza Verde explicó que el trámite para reactivar la reforma partió de una apelación presentada por el senador Fabián Díaz, la cual, aunque poco común, está contemplada en el reglamento del Congreso. A partir de ahí, se conformó una comisión accidental que elaboró tres informes sobre la viabilidad de continuar el debate. Dos de esos informes, incluido el de Lozano, respaldaron la apelación, mientras que un tercero, firmado por sectores opositores, fue negativo.
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Lozano fue enfática en señalar que este es uno de los desafíos más grandes que enfrentará el Senado en el corto plazo. A su juicio, el éxito o fracaso de la reforma dependerá del compromiso real que tenga el Congreso de sacar adelante una legislación robusta y no una versión debilitada o meramente simbólica. La senadora advirtió que un manejo superficial o deshonesto del proceso legislativo tendría consecuencias negativas tanto para la ciudadanía como para la institucionalidad del Senado.
“Estamos a menos de 37 días y esto es posible y sale bien solo si el Senado quiere hacer una reforma laboral de verdad. Y esa es la tarea. Si el Senado aprobó la apelación para tomar el pelo, para probar algo aguadito o para hundirla, pues esto sale absolutamente mal para el país. Para el Senado, la responsabilidad es enorme porque esto no es para hacer conejo”, dijo.

La congresista aseguró que todos los artículos previamente aprobados por la Cámara de Representantes serán la base para el nuevo debate. A partir de ellos se construirá una ponencia que será discutida con el apoyo de expertos, gremios, sindicatos, academia y diversos actores del mundo laboral. Subrayó que esta fase no parte de cero, ya que existe un acumulado importante de insumos y propuestas que deben ser retomados.
“Recibimos los 88 artículos que aprobó la plenaria de la Cámara y debemos, a partir de eso, preparar la ponencia, hacer la audiencia pública con expertos. Es un desafío enorme y el gran reto es que el Senado esté a la altura. Esto es para aprobarlo en serio y no puede ser para hacer conejo”, señaló..
En aras de garantizar pluralidad y transparencia, Lozano decidió nombrar un ponente por cada partido con representación en la Comisión Cuarta. Aunque reconoció que esto hace más compleja la organización del trabajo, consideró que es la única forma de generar consenso y evitar que la reforma se enfrente a bloqueos ideológicos.

El cronograma de trabajo ya está definido. A partir del lunes 19 de mayo se realizarán audiencias públicas y sesiones con la participación de ministros y representantes de diferentes sectores. La meta es tener una ponencia construida y radicada hacia el final de esa misma semana, para que entre el 26 y el 30 de mayo la comisión se concentre en su discusión formal.
La senadora también aclaró que, aunque se escuchará a todos los actores relevantes, esta no es una etapa inicial del proyecto, por lo que muchas voces ya han sido consideradas en las fases previas. Por ello, se priorizará la utilización del material previamente recopilado, sin dejar de abrir espacio a nuevas intervenciones si son necesarias.
En cuanto al respaldo del Gobierno, Lozano indicó que la posición de la Casa de Nariño se tornó favorable hacia el final del proceso de apelación. Los ministros del Interior y Trabajo manifestaron públicamente su apoyo a que el debate continúe, lo que refuerza la viabilidad política del proyecto en esta etapa legislativa. El mensaje de insistencia del Ejecutivo, que ya fue remitido al Congreso, obliga a que se dé prioridad al trámite de la reforma laboral sobre cualquier otro asunto.

Consultada sobre el futuro de la reforma a la salud, otro de los proyectos centrales del Gobierno, la senadora fue prudente pero firme: si el Senado quiere cumplirle al país, debe actuar con seriedad. Recordó que la plenaria ya dio un respaldo mayoritario al continuar el trámite de esta iniciativa, por lo que ahora la responsabilidad recae sobre las comisiones correspondientes.
Sobre los tiempos legislativos, reconoció que el margen es estrecho, pues el proyecto debe quedar aprobado antes del 20 de junio, fecha en que termina la actual legislatura. Eso significa que tanto la discusión en Senado como el proceso de conciliación deberán ejecutarse con celeridad y sin tropiezos.
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