En una reciente operación militar llevada a cabo en una zona rural de Norcasia, en el departamento de Caldas, las autoridades lograron desmantelar una estructura utilizada para la explotación ilegal de yacimientos mineros.
Según información oficial, esta actividad ilícita generaba ganancias mensuales de aproximadamente 180 millones de pesos.
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Durante el operativo, se incautaron diversos equipos y materiales empleados en la extracción de oro, entre ellos una draga, una canaleta de lavado con malla eslabonada y un motor.
El teniente coronel John Martínez, comandante del Batallón Ayacucho, detalló que, además de los elementos mencionados, los soldados encontraron ocho motores, seis motobombas, dos transformadores y dos torres metálicas, cuyo valor total asciende a 39 millones de pesos.
Estos equipos eran fundamentales para las operaciones de minería ilegal que se realizaban en la región.
De acuerdo con las autoridades, en el lugar se extraían mensualmente cerca de 62 kilogramos de oro, con un valor estimado de 26 millones de pesos.
Esta actividad no solo representaba un impacto económico significativo, sino que generaba graves consecuencias medioambientales.
Las quebradas y ríos de la zona, considerados recursos hídricos esenciales para el oriente de Caldas, estaban siendo afectados por las prácticas ilegales, lo que provocaba alteraciones en los ecosistemas locales.
Las fuerzas militares del departamento han intensificado sus esfuerzos para combatir este tipo de delitos ambientales.
Según los reportes oficiales, en lo que va del año se han llevado a cabo seis operaciones similares, logrando afectar económicamente a las estructuras criminales en un monto cercano a los 1.200 millones de pesos.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para proteger los recursos naturales y frenar el impacto de la minería ilegal en la región.
Golpe a minería ilegal de disidencias en Buenaventura
En una operación conjunta llevada a cabo en el municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, la Fuerza Pública de Colombia logró desmantelar dos estructuras de minería ilegal vinculadas al Grupo Armado Organizado Residual Jaime Martínez, una disidencia de las Farc liderada por alias Mordisco.
Según informó la institución, esta acción representa una afectación económica estimada en más de 5.400 millones de pesos anuales para las finanzas de este grupo criminal, que utilizaba la minería ilícita como una de sus principales fuentes de financiamiento.
De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue desarrollada de manera conjunta e interinstitucional por el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.
Durante la intervención, las autoridades lograron la ubicación y neutralización de dos unidades de producción minera ilegal, las cuales operaban en una zona rural de Buenaventura.
En el lugar, se incautaron y destruyeron de manera controlada tres retroexcavadoras, una draga de succión tipo buzo, dos canales de drenaje y dos motobombas, equipos que eran utilizados para la extracción de oro.
La maquinaria confiscada tenía una capacidad de producción mensual de aproximadamente 1.500 gramos de oro, lo que generaba ingresos ilícitos superiores a 1.800 millones de pesos mensuales.
Este golpe no solo afecta las finanzas del GAO-r Jaime Martínez, sino busca frenar las actividades que financian acciones violentas en la región, según detalló la Fuerza Pública.
Además del impacto económico, la operación reveló un grave daño ambiental asociado a estas actividades ilegales.
Según las autoridades, las estructuras mineras vertían hasta 55 kilogramos de mercurio al mes en el río Dagua, lo que representa un riesgo significativo para los ecosistemas locales y la salud de las comunidades rurales cercanas.
Este tipo de contaminación puede tener consecuencias a largo plazo, afectando tanto la biodiversidad como las fuentes de agua potable de la región.
La intervención forma parte del Plan Estratégico Ayacucho Plus, una iniciativa diseñada para debilitar las capacidades criminales de los grupos armados organizados y mitigar los daños ambientales derivados de la minería ilegal.
Este plan reafirma el compromiso de la Fuerza Pública con la protección del territorio, los recursos naturales y la seguridad de los ciudadanos.
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