ELN negó ataques con drones en Catatumbo, señaló alianza entre disidencias de las Farc y Ejército Nacional

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por medio de un comunicado, negó su participación en los recientes ataques con drones ocurridos en la región del Catatumbo y atribuyó la responsabilidad de los hechos al Frente 33, perteneciente a las disidencias de las Farc, y al Ejército Nacional.

Según el documento emitido por el grupo insurgente el 16 de mayo, los ataques, que tuvieron lugar el 15 de mayo en las veredas 20 de Julio, Nuevo Horizonte y Tres Aguas, dejaron un saldo trágico, incluyendo la muerte de un menor de edad y varios heridos, entre ellos, más niños y una mujer.

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En el comunicado del ELN se detalló que los ataques consistieron en el lanzamiento de explosivos desde drones y bases militares, lo que habría afectado gravemente a la población civil de los municipios de Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander.

Así mismo, en la supuesta misiva, el grupo insurgente acusa a lo que denomina una “alianza criminal” entre el Frente 33 y el Ejército Nacional de coordinar estas acciones.

El ELN insiste en que granadas de 180 milímetros fueron disparadas desde un batallón militar con sede en Tibú, mientras que el Frente 33 habría utilizado drones para lanzar explosivos sobre viviendas campesinas.

Entre las víctimas de los ataques se encuentra Luis Antonio Aragón Vaca, un menor de 12 años que perdió la vida, y su madre, Marli Aragón Vaca, que resultó herida.

Además, tres niños más sufrieron lesiones en otra vivienda de la misma zona. El comunicado también menciona la muerte de Yurgen Ballesteros, un hombre de 40 años y padre de cuatro hijos, que falleció cuando una granada impactó su casa en la vereda Nuevo Horizonte.

El ELN responsabilizó directamente al Ejército Nacional y al Frente 33, liderado por Richard Suárez, de lo que calificaron como “crímenes” contra la población del Catatumbo.

“Responsabilizamos de estos crímenes a la alianza Ejército Nacional y banda narcoparamilitar Frente 33 liderada por Richard Suárez”, se agregó en la misiva.

Así mismo, reprocharon lo que consideran una política de militarización de los territorios por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusan de actuar en complicidad con organizaciones narcoparamilitares.

Según el grupo insurgente, estas acciones reflejan el fracaso de la política de Paz Total” promovida por el actual Gobierno.

El comunicado también critica al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por supuestamente defender las acciones atribuidas a esta “asociación delictiva” y por intentar culpar al ELN de los hechos.

“El Ministro de Guerra Pedro Sánchez salió a defender directamente las acciones criminales cometidas por esta asociación delictiva, endilgando los hechos al ELN”, dice el comunicado del grupo guerrillero.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones realizadas por el grupo insurgente.

Los ataques en el Catatumbo se suman a una serie de incidentes violentos que han afectado a esta región, históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales y el conflicto armado.

Un ataque con drones armados en la vereda 20 de Julio, en el municipio de Tibú, ubicado en la región del Catatumbo, dejó como saldo la muerte de un menor de 12 años y al menos cuatro civiles heridos.

Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el atentado, ocurrido el jueves 15 de mayo, fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El funcionario calificó el hecho como un crimen de lesa humanidad y lo vinculó al “desespero” de esta guerrilla ante lo que describió como el avance del Estado en la región.

De acuerdo con las declaraciones del ministro, los explosivos fueron lanzados de manera indiscriminada sobre una comunidad que, según las autoridades, ha estado transitando hacia economías legales, alejándose de los cultivos ilícitos.

Sánchez afirmó que este ataque refleja el temor del ELN a que los campesinos de la zona accedan a servicios básicos como educación, salud y desarrollo, lo que debilitaría las fuentes de financiamiento de la guerrilla, basadas en el narcotráfico y la minería ilegal.

El Gobierno nacional expresó su rechazo al ataque y solicitó la intervención de organismos como la Defensoría del Pueblo, organizaciones defensoras de derechos humanos y la comunidad internacional, incluyendo a Human Rights Watch, para visibilizar la gravedad de la situación.

Además, las Fuerzas Militares y la Policía anunciaron el despliegue de más tropas en las áreas críticas del Catatumbo, junto con operativos destinados a identificar y capturar a los responsables del atentado.

El ministro Sánchez reiteró su llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita prevenir nuevos atentados y proteger a las comunidades más vulnerables.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por recuperar el control territorial en el Catatumbo, la región sigue siendo escenario de violencia e influencia de grupos armados ilegales.

Este territorio, históricamente afectado por el conflicto armado, el narcotráfico y la minería ilegal, enfrenta actualmente una de las peores crisis humanitarias y de seguridad de los últimos años.

El ataque ha generado una fuerte condena por parte de diversos sectores, que subrayan la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en la región y garantizar la protección de las comunidades que buscan dejar atrás los cultivos ilícitos y avanzar hacia una vida digna.