El costo del Centro Cultural de vallenato es más de 220.000 millones y alcanza para hacer dos Movistar Arena: no lo han entregado

En Valledupar, la cuna de la música vallenata, una obra de infraestructura para la cultura se convirtió en símbolo del despilfarro. El Centro Cultural de la Música Vallenata, concebido como un homenaje monumental al folclor local, lleva más de cuatro años en construcción, seis prórrogas contractuales y una inversión que ya supera los 220.000 millones de pesos.

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la revista Semana, con ese dinero se podrían haber construido dos escenarios como el Movistar Arena de Bogotá y aún sobraría.

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Contratado en 2021 por $138.000 millones, el complejo debía estar listo en 22 meses. Cuatro años después y con más de $220.000 millones ya invertidos, la obra aún no se entrega y su futuro es incierto.

“En este momento ya van más de 50 meses de ejecución y el contratista no ha terminado ni techos, ni sistemas de sonido. Si no duplican el personal y las horas de trabajo, es muy difícil que lo logren”, advirtió la diputada Claudia Margarita Zuleta Murgas, la única voz de oposición en la Asamblea del Cesar, en un diálogo con el medio nacional.

Zuleta también señaló que el proyecto presentó un patrón de sobrecostos y adiciones presupuestales, de manera que se ha constituido en un elefante blanco.

“Este proyecto no solo representa un elefante blanco en marcha; es la prueba ruidosa de un modus operandi sistemático de sobrecostos, adiciones y negligencia deliberada, todo bajo el sello de una gobernación dominada por el clan Gnecco”, dijo.

Según Zuleta, los problemas comenzaron en 2014, cuando la administración del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco contrató una firma consultora española por más de $2.000 millones para elaborar los estudios y diseños.

No obstante, cuando se adjudicó la construcción años después, no se usaron esos estudios. “La Gobernación reconoce que esos cambios los hicieron profesionales que supuestamente donaron sus servicios, sin estar contratados ni cumplir requisitos legales. ¡Donaron modificaciones a un diseño estructural de una obra pública! Es un absurdo total”, dijo.

La diputada también aseguró que no se conocieron documentos que explicaran la prórroga del contrato de consultoría de seis a dieciocho meses.

“No hay actas, no hay informes, no hay trazabilidad. Y la información no está disponible en Secop. Hemos tenido que recurrir a derechos de petición, y aun así nos niegan la verdad”, fueron sus palabras.

Zuleta mencionó que otras obras en el departamento presentaron situaciones similares, como el proyecto El Toco en San Diego, que prometía 200 hectáreas de riego y un programa productivo para víctimas del conflicto.

Según ella, después de una inversión superior a los $10.000 millones, no se entregó ninguna hectárea. También hizo referencia al estadio de fútbol de Valledupar y al Centro de Desarrollo Tecnológico, señalando retrasos e inconsistencias en su ejecución.

“El patrón de sobrecostos y prórrogas parece una política institucionalizada del clan Gnecco, y se ha hecho con total impunidad porque tienen cooptados los mecanismos de control. Así compran el silencio en el Cesar”, expresó Zuleta.

La diputada también hizo observaciones sobre la falta de respuestas por parte de los entes de control: “Lo más ruidoso en todo esto es el silencio absoluto de los órganos de control. Es como si tuviéramos que rogar para que el Estado funcione”.

Desde la Gobernación del Cesar, el secretario de Planeación, Jorge Armando Maestre, informó al medio que la obra seguía en ejecución. “Actualmente, se realizan actividades constructivas para la finalización del capítulo de redes eléctricas, hidrosanitarias, voz y datos y Hvac”, comentó.

Y especificó que se está haciendo “también los acabados, y ya se encuentra en obra una gran parte del componente de mobiliario, dotación del museo y el componente tecnológico para la proyección del contenido audiovisual. Estamos hablando de un avance del 84 por ciento”.

“El proyecto fue aprobado en plena pandemia, cuando la gente no podía salir a trabajar. Les dijimos: «Este no es el momento para invertir 200.000 millones en una obra tan estrambótica». Pero no nos escucharon. Ni el Gobierno nacional, ni la Gobernación, ni nadie”, comentó.

Finalmente, la diputada Zuleta reiteró que continuó con sus denuncias a pesar de las consecuencias políticas y personales. “Me atacan, me intentan deslegitimar, pero yo sigo; porque aquí hay que decir las cosas como son. Esta obra no solo huele a corrupción, está podrida desde sus cimientos”.