El Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista Colombiana (Juco), regional Antioquia, denunciaron un nuevo acto de intimidación ocurrido el 15 de mayo de 2025 en su sede en Medellín.
Según informó la organización, un arreglo fúnebre acompañado de un sufragio fue dejado en el lugar, con alusiones directas a miembros de la dirección departamental del partido.
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Este hecho, que consideran una amenaza directa, se suma a una serie de agresiones previas que han afectado a la colectividad en el departamento.
De acuerdo con el comunicado emitido por el PCC y la Juco, estos actos no son incidentes aislados, sino parte de un patrón histórico de violencia sistemática contra su organización política.
En el texto, se destaca que Antioquia ha sido escenario de un impacto particularmente severo en el contexto del genocidio político que ha afectado al partido, dejando un saldo de miles de militantes asesinados, desaparecidos y desplazados forzosamente.
En respuesta a este nuevo acto intimidatorio, el PCC y la Juco exigieron a las autoridades colombianas, incluyendo a la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y las administraciones locales y nacionales, que actúen de manera urgente y efectiva para garantizar la seguridad de sus militantes.
Además, solicitaron que se asegure el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, políticos y humanos.
La organización también hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que realicen un seguimiento riguroso de la situación, activen alertas tempranas y ejerzan su función de veeduría internacional.
Según el PCC y la Juco, estas acciones son necesarias para visibilizar y mitigar los riesgos que enfrentan sus integrantes en Antioquia y en el resto del país.
Este no es el primer incidente de este tipo reportado por el partido en lo que va del año.
El pasado 18 de febrero, el PCC denunció haber recibido un correo electrónico con amenazas graves dirigidas a siete de sus integrantes.
En el mensaje, se les exigía abandonar el territorio antioqueño en un plazo de 24 horas, bajo la advertencia de un posible atentado con explosivos contra la sede del partido en Medellín.
En ese momento, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional iniciaron investigaciones para identificar a los responsables, mientras que la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín anunció medidas para reforzar la seguridad de los miembros de la organización.
El PCC y la Juco han reiterado su compromiso de continuar con su labor política, a pesar de las amenazas y agresiones.
En su comunicado, reafirmaron su voluntad de lucha y organización, asegurando que no se dejarán intimidar por lo que califican como acciones de los sectores más reaccionarios del país.
Según el texto, su objetivo sigue siendo la construcción de un país justo, equitativo y soberano, con miras al socialismo.
En un contexto político más amplio, el PCC celebró el pasado 26 de abril su 24 Congreso Extraordinario, donde se aprobó por consenso una resolución que permitirá avanzar en el proceso de fusión jurídica con el Pacto Histórico, la coalición política liderada por el presidente Gustavo Petro.
Según informó el PCC, esta decisión busca consolidar un único movimiento de izquierda que fortalezca las mayorías en el Congreso y garantice la continuidad del proyecto político del actual gobierno en las elecciones de 2026.
El evento coincidió con el 35.º aniversario del asesinato de Carlos Pizarro, líder del M-19, y contó con la participación del representante a la Cámara Gabriel Becerra, miembro del Pacto Histórico y secretario general de la Unión Patriótica (UP).
Durante su intervención, Becerra presentó un informe sobre la situación política del país, los avances en la consulta popular promovida por el gobierno de Petro y los esfuerzos por consolidar un frente unificado de izquierda.
“Nosotros ojalá logremos incidir al máximo en aspectos medulares para profundizar las reformas sociales y los cambios que necesitamos”, expresó Becerra, destacando la importancia de la resolución aprobada.
La situación de violencia y amenazas contra el PCC y la Juco en Antioquia refleja un panorama complejo para las organizaciones políticas de izquierda en Colombia, que históricamente han enfrentado altos niveles de persecución.
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