El secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años de edad, en Jamundí, Valle del Cauca, ha generado una amplia movilización de autoridades, organizaciones internacionales y la sociedad colombiana.
Según informó la Arquidiócesis de Cali y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, ambas instituciones ofrecieron su mediación para facilitar la liberación del menor, que fue secuestrado el pasado 3 de mayo por hombres armados que irrumpieron en su vivienda en la zona rural de Potrerito.
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En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron su disposición para gestionar una entrega humanitaria y reiteraron que la libertad es un derecho inviolable.
“El respeto al Derecho Internacional Humanitario es una obligación ineludible para todos”, se observa en el comunicado emitido por las dos entidades.
De acuerdo con las autoridades, el secuestro habría sido perpetrado por la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc liderada por alias Iván Mordisco.
Según el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, el objetivo inicial del secuestro habría sido el padrastro del menor, un comerciante local.
Al no encontrarlo en la vivienda, los captores habrían decidido llevarse a Lyan. La empleada doméstica que también fue retenida durante el ataque fue liberada horas después. Testimonios preliminares indican que el niño habría sido trasladado a una zona montañosa en la parte alta del municipio.
La situación generó una respuesta contundente de las autoridades locales y nacionales. La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar al menor, mientras que la Alcaldía de Cali anunció una recompensa adicional de 200 millones de pesos por datos que conduzcan a la captura de alias Oso Yogui, señalado como el comandante de la estructura Jaime Martínez y presunto responsable de ordenar el secuestro.
Por su parte, el Ministerio de Defensa recordó que existen recompensas de hasta 4.450 millones de pesos por alias Iván Mordisco y 500 millones de pesos por alias Marlon, otro cabecilla de la misma estructura.
En paralelo, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, informó que una comisión internacional conformada por la ONU y la Iglesia católica estableció contacto con los captores.
Según declaraciones del sacerdote involucrado en las gestiones, los responsables del secuestro habrían mostrado disposición para liberar al menor, aunque no se han revelado detalles específicos sobre el avance de las negociaciones.
En este contexto, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía continúan las operaciones de búsqueda en la región y enfatizó que no descansarán hasta garantizar el regreso seguro de Lyan y llevar a los responsables ante la justicia.
El caso también ha generado llamados de intervención al más alto nivel. Desde Cali, el personero Gerardo Mendoza envió una carta al presidente Gustavo Petro, solicitando su intervención directa para garantizar las condiciones necesarias que permitan al Comité Internacional de la Cruz Roja participar en las gestiones de liberación. Mendoza calificó el caso como un acto humanitario que requiere la solidaridad de toda la nación.
“He procedido a pedir al presidente de la República, de manera respetuosa y dentro de su dignidad para que intervenga y brinde las garantías necesarias que necesita el Comité Internacional de la Cruz Roja para entrar a intervenir en la liberación del menor”, dijo el personero de Cali en declaraciones a Noticias RCN.
Lyan, que cumplirá 12 años el próximo 29 de mayo, permanece en cautiverio desde hace más de dos semanas. Según las últimas informaciones proporcionadas por la Policía de Cali y el Gaula Militar, el menor seguiría en la zona rural de Jamundí.
La Personería de Cali instó a la ciudadanía a unirse en una sola voz para exigir la liberación del niño, destacando la importancia de proteger los derechos de los menores y rechazar su uso en conflictos armados.
En un comunicado conjunto, la Arquidiócesis de Cali y la Misión de Verificación de la ONU reiteraron su rechazo al secuestro y subrayaron la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario.
“Hacemos un llamado por el fin del secuestro y de toda afectación a la vida y las libertades de los niños y niñas”, señalaron. Asimismo, expresaron su solidaridad con la familia de Lyan y reafirmaron su compromiso de facilitar su retorno seguro.
“Nos ponemos a disposición para facilitar una entrega humanitaria del menor y que pueda retornar lo antes posible con su familia, a quienes expresamos nuestra solidaridad”, se agrega en el comunicado.
El caso de Lyan Hortúa puso nuevamente en evidencia la persistencia de prácticas como el secuestro en algunas regiones de Colombia, a pesar de los esfuerzos por avanzar hacia la paz.
Las autoridades y organizaciones involucradas continúan trabajando para lograr la liberación del menor, mientras la sociedad colombiana sigue atenta al desenlace de este caso que ha conmocionado al país.
Solidaridad nacional ante secuestro de menor en Jamundí
El secuestro de Lyan ha generado una ola de solidaridad y exigencias por su liberación en toda Colombia.
En un gesto conmovedor, los compañeros de Lyan difundieron videos en los que expresan su deseo de volver a verlo y piden su liberación inmediata.
Estas manifestaciones de apoyo se suman a las de autoridades locales, organizaciones humanitarias y sectores de la sociedad civil, incluyendo a hinchas del equipo de fútbol América de Cali, que también alzaron su voz para exigir el regreso del menor.
La familia de Lyan vive momentos de angustia, mientras la sociedad colombiana se une en solidaridad frente a este caso.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en una entrevista con Noticias RCN que el niño sigue con vida. “Sabemos que nuestro menor está con vida. Ya son 12 días que cumple nuestro menor. He hablado con la mamá, con el papá, con la gobernadora, con todas las autoridades y sabemos que está con vida. Y sabemos que va a regresar vivo. Es un crimen atroz, inconcebible, inconcebible. Que lo liberen”, declaró el funcionario, subrayando la gravedad del caso y la necesidad de una pronta resolución.
Diversas voces señalaron la importancia de que las autoridades intensifiquen los esfuerzos para garantizar la liberación de Lyan y prevenir futuros casos similares. Mientras tanto, la familia del menor y la comunidad en general mantienen la esperanza de que las gestiones en curso logren un desenlace positivo.
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