Una acción de tutela radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá ha puesto en evidencia un alarmante caso de revictimización judicial contra Andrea Valdés Contreras, una mujer privada de la libertad que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) durante su reclusión en la cárcel El Pedregal, en Medellín.
La tutela, de 23 páginas, acusa al Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá de incurrir en una omisión sistemática de sus deberes legales y de emitir decisiones que han puesto a la interna en una situación de vulnerabilidad constitucional y de riesgo personal.
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“El juzgado citado, de manera reiterada, sistemática y constante, ha omitido el cumplimiento de sus funciones legales y, asimismo, ha tomado una serie de decisiones que no solo desconocen el ordenamiento jurídico nacional e internacional, sino que también colocan a mi representada en una evidente situación de inconstitucionalidad, vulnerabilidad y riesgo”, señala el texto de la tutela, conocida por W Radio.
“Una triple condición de protección omitida”: abogado de la reclusa
Valdés Contreras, que cumple condena por homicidio agravado, fue informada en octubre de 2024 que estaba embarazada. Según sus declaraciones, la gestación se produjo como resultado de agresiones sexuales cometidas por dragoneantes del Inpec, actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
En noviembre del mismo año, la reclusa fue trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín debido a una amenaza de aborto. En ese contexto, el documento de tutela advierte que se encontraron sustancias abortivas en su organismo, las cuales, según el proceso de investigación en curso, podrían haber sido administradas sin su consentimiento por parte de funcionarios del Inpec.
El abogado defensor de Valdés, Jhon Alzate, calificó como “inadmisible” que el juzgado haya ignorado las advertencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que prohibía el ingreso de Valdés al patio de mujeres gestantes y recomendaba su traslado a un entorno seguro.
Alzate subrayó que Valdés reúne tres condiciones de especial protección constitucional: es mujer gestante, privada de la libertad y presunta víctima de violencia institucional y de género. Sin embargo, el sistema judicial, en lugar de garantizar sus derechos, ha profundizado su condición de vulnerabilidad.
Informe forense
El 24 de febrero de 2025, Valdés Contreras fue remitida al Instituto Nacional de Medicina Legal para una valoración por presunta violencia sexual. El informe resultante es contundente: se documentaron actos de tortura sexual, tratos crueles e inhumanos, aislamiento, amenazas, negligencia y complicidad institucional por parte de funcionarios penitenciarios.
“Los hechos denunciados constituyen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tortura sexual y violencia de género”, detalla el informe citado en la tutela, el cual también recomienda protección inmediata para la víctima y una investigación independiente.
El 14 de mayo, Valdés dio a luz en una clínica del occidente de Bogotá. Desde entonces, su abogado ha denunciado que el Inpec ha impedido que algunos de sus familiares puedan visitarla, entregar artículos de primera necesidad para su hijo o siquiera registrar al recién nacido.
“Andrea acaba de dar a luz, está en una condición de evidente vulnerabilidad, y ni siquiera se le han podido entregar pañales, ropa para el bebé, ni registrar al recién nacido porque el Inpec se ha opuesto al ingreso de sus familiares”, denunció Alzate.
La respuesta del Inpec
Consultado por W Radio, el Inpec respondió que los familiares deben seguir un protocolo especial para realizar visitas y entregar objetos a personas privadas de la libertad. Según la entidad, los allegados de Valdés deben solicitar un permiso en la cárcel El Buen Pastor y luego podrán trasladarse a la clínica, donde solo se permitirá contacto visual a distancia, y únicamente durante los horarios establecidos para visitas los fines de semana.
Mientras tanto, el caso continúa generando indignación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que cuestionan la actuación del sistema judicial y penitenciario frente a una mujer que no solo ha sido víctima de violencia sexual bajo custodia estatal, sino que también enfrenta decisiones judiciales que podrían considerarse revictimizantes.
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