El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta declaró medidas cautelares que benefician al Resguardo Indígena Motilón Barí en el departamento de Norte de Santander. Esta decisión se origina a partir de una solicitud de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), presentada en marzo. Las medidas buscan salvaguardar los derechos étnicoterritoriales de la comunidad indígena en el Catatumbo, una región afectada históricamente por el conflicto armado.
En el contexto actual, el Catatumbo enfrenta una crisis humanitaria que golpea tanto a campesinos como a firmantes de paz. Los líderes del pueblo Barí, a través de la Asociación de Autoridades Tradicionales, han expresado su gratitud hacia el gobierno por las acciones emprendidas al respecto. También han destacado el incansable esfuerzo de María Alejandra Montaño y su equipo de la DAE, quienes han visitado la región en repetidas ocasiones para dialogar y cumplir con los compromisos hacia esta comunidad.
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Las medidas cautelares anunciadas son significativas no solo en su alcance, sino también en su enfoque. Protegen a 3.120 personas pertenecientes a 462 familias dentro de un territorio colectivo de 178.543 hectáreas, abarcando tanto tierras tituladas como aquellas en proceso de ampliación. Este territorio se extiende por varios municipios importantes del departamento, incluidos El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y Tibú.
Estos terrenos no son meramente una extensión física, sino que representan el corazón cultural y espiritual del pueblo Barí. Por tanto, las medidas cautelares buscan no solo proteger tierras, sino un modo de vida ancestral e intrínseco a la identidad de esta comunidad. Además, reconocen el papel crucial que la comunidad Barí desempeña en los esfuerzos de paz de la región. Se ha ordenado su participación en las mesas de diálogo con grupos armados ilegales, un paso fundamental hacia la paz duradera en el Catatumbo.
Entre las medidas, se destaca el reconocimiento de una noción más amplia del territorio indígena, enfatizando la soberanía y los derechos de autogobierno del resguardo. También se han implementado salvaguardas diseñadas para facilitar la futura expansión de su territorio, contemplando sus necesidades y aspiraciones de crecimiento y desarrollo sostenible.
“La solicitud preventiva fue una medida indispensable para proteger los derechos de las comunidades indígenas asediadas por el recrudecimiento del conflicto armado en esta región. Basándonos en el artículo 151 del Decreto Ley 4633, buscamos garantizar protección a aquellos gravemente violentados”, explicó Montaño. Con esta decisión judicial, los habitantes del resguardo Barí no solo encuentran respaldo legal, sino también un reconocimiento de su lucha persistente y valerosa por preservar sus derechos y su cultura única.
Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. El resguardo Motilón Barí ha enfrentado los estragos de la violencia de grupos armados organizados que operan en su territorio. Estos actores ilegales han perpetrado actos de violencia, obligando a desplazamientos forzados de habitantes y confinamientos que afectan su vida diaria y sus posibilidades de sustento.
La decisión de la justicia especializada respalda un enfoque integral que lleva tiempo siendo exigido por las comunidades de estas regiones. Más allá de las protecciones individuales y culturales, las medidas abarcan la urgencia de instaurar un ambiente en el que la seguridad y la paz sean garantías concretas, no meros ideales.
Aunque queda un largo trabajo por delante, estas acciones judiciales son un paso crucial hacia la estabilidad de una región conflictiva, reconociendo su relevancia no solo para el pueblo Barí, sino para la paz de Colombia. La esperanza se deposita ahora en la colaboración activa de las autoridades nacionales y locales para seguir ampliando los esfuerzos para el desarrollo y la seguridad en un territorio que ha venido resistiendo a adversidades por generaciones.
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