A ocho años y nueve meses de prisión fue condenada Claudia Marcela Castaño Morales, hermana del fallecido exsenador liberal Mario Castaño Pérez, tras ser hallada culpable en el caso de corrupción conocido como “Las Marionetas”, una red criminal que operó desde altos niveles del Estado colombiano, desviando millonarios recursos públicos.
El fallo en su contra fue ratificado por el Tribunal Superior de Bogotá, que dejó en firme la sentencia de un juzgado especializado, confirmando su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con peculado por apropiación.
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La decisión, notificada el viernes 16 de mayo, establece que Castaño Morales no podrá acceder al beneficio de detención domiciliaria y le impone una multa que supera los 2.188.725 salarios mínimos legales vigentes, es decir, alrededor de 2.500 millones de pesos.
Una ficha clave en la red de corrupción
Claudia Marcela fue identificada por la Fiscalía General de la Nación como una de las principales socias del exsenador Mario Castaño en esta organización criminal, donde jugó un papel esencial en el manejo y desvío de recursos públicos.
Según el ente acusador, administró dinero ilícito a través de la empresa Top Ingeniería S. A. S., manejada formalmente por su otro hermano, Santiago Castaño, uno de los hombres de confianza del exsenador.
La empresa fue utilizada como medio para la triangulación de sobornos que provenían de contratos adjudicados irregularmente por distintas entidades públicas. Estos contratos habían sido asegurados gracias a la influencia del entonces congresista, quien utilizó su poder para presionar a funcionarios y garantizar la entrega de convenios en ministerios como el de Cultura, Deporte e Interior, con el requisito de entregar un porcentaje del valor total como coima.
“Por cada contrato, debían enviarle al senador un 10% del valor total”, reveló el fallo en su momento.
El papel de Claudia Marcela no fue menor: se encargó de movilizar los recursos producto de estos actos ilícitos, validando su participación activa y consciente en la organización delictiva.
Más implicados siguen cayendo
El caso sigue generando nuevas revelaciones y capturas. Según pudo establecer el medio La Patria, para el 16 de mayo también estaba programada la audiencia de formulación de acusación contra Pablo Andrés Gómez Álvarez, arquitecto manizaleño de 50 años, señalado de hacer parte de los más de 70 integrantes de la red. La Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en contratos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Sin embargo, Gómez Álvarez está prófugo desde hace casi tres años. La orden de captura fue emitida el 28 de julio de 2022 por el Juzgado 17 de Control de Garantías de Bogotá. Desde entonces, su paradero ha sido incierto y la Fiscalía informó que Migración Colombia solo registra su salida del país el 19 de enero de 2022 hacia Nueva York, sin registro de retorno.
A pesar de los esfuerzos para ubicarlo —incluidas visitas a sus antiguas residencias en Manizales y seguimientos a través de su EPS— no se ha logrado dar con su paradero. En julio de 2023 fue declarado persona ausente, y este viernes se le asignó defensor público. No obstante, la audiencia fue nuevamente aplazada hasta el 24 de junio, debido a que la nueva abogada no conoce a fondo el proceso.
De acuerdo con el medio citado, Gómez es señalado de ser el enlace entre la lobista Nova Lorena Cañón y varios alcaldes, incluyendo al de Villamaría, Andrés Aristizábal, con quienes presuntamente pactaba el pago de coimas para la adjudicación de contratos.
El caso “Las Marionetas”, además, ha salpicado a exfuncionarios de distintas regiones. Esta semana se esperaba también una audiencia clave en el proceso contra Jhonatan Manuel Vásquez, exalcalde de La Merced, que habría aceptado cargos. La Fiscalía propuso una pena de 57 meses de prisión, actualmente en detención domiciliaria con permiso laboral.
Sin embargo, la diligencia fue aplazada luego de que la representante legal de Proyecta Quindío, presunta víctima, solicitara tiempo adicional para evaluar el preacuerdo.
Lo mismo ocurrió en el caso de dos ingenieros implicados en contratos irregulares en Aguadas, cuyas audiencias también fueron pospuestas por petición de la misma entidad.
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