Abuso en jardín infantil del Icbf revive propuesta sobre cadena perpetua para agresores de niños en Colombia

El país entero ha reaccionado con profunda indignación tras conocerse el caso de 12 niños y niñas, de entre apenas dos y tres años, presuntamente abusados sexualmente en el jardín infantil Hogar Infantil Canadá Sede F, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

Las denuncias, interpuestas por los propios padres de familia, no solo han generado un profundo dolor colectivo, sino que han reavivado la desconfianza ciudadana en las instituciones responsables de proteger a la niñez en Colombia.

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Este hecho ha servido de catalizador para que el exministro de Justicia Wilson Ruiz vuelva a poner sobre la mesa un debate que ha sido ampliamente discutido, pero que continúa sin resolver: la cadena perpetua para violadores de menores. En un video publicado en su cuenta de X, Ruiz afirmó con contundencia: “El debate sobre la cadena perpetua vuelve a iniciar”.

La figura de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores fue introducida mediante el Acto Legislativo 01 de 2020, impulsado por una fuerte presión social que exigía respuestas contundentes frente a estos crímenes atroces. Sin embargo, en 2021, la Corte Constitucional declaró la reforma inexequible, al considerar que vulneraba principios fundamentales como la dignidad humana, la proporcionalidad de la pena y la finalidad resocializadora del castigo.

A pesar de este fallo, Wilson Ruiz asegura que no todo está perdido y por ello, propuso presentar un nuevo proyecto de ley: “Como ministro de Justicia, impulsé esa pena. Debemos retomar este debate tan importante para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que presentar un nuevo proyecto de ley que atienda las objeciones de la Corte Constitucional, con una base multipartidista y un apoyo ciudadano que toda Colombia sienta”, señaló.

A juicio del exministro, el fallo de la Corte no cerró definitivamente la puerta a esta posibilidad, sino que dejó abierta la opción de reformular la iniciativa conforme a los estándares constitucionales. En sus palabras: “Esta medida no debe entenderse como un acto de venganza ni como una negación del Estado de derecho. Debe asumirse como una herramienta disuasiva, restaurativa y proporcionada, que envíe un mensaje claro: quien violente la integridad física y sexual de un niño, niña o adolescente deberá enfrentar las más severas consecuencias penales, sin privilegios ni beneficios procesales”.

Las cifras respaldan la urgencia del llamado. En lo corrido de 2025, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha reportado que entre enero y marzo se han realizado 3.893 exámenes médicos por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes. Esto equivale a un promedio de 43 casos por día.

Para Ruiz, esta estadística revela una crisis nacional en la protección efectiva de los menores: “Mientras el sistema se esfuerza por proteger los derechos de los procesados y condenados, las víctimas, en particular los menores, quedan en muchas ocasiones invisibilizados, sin reparación adecuada ni justicia oportuna”, escribió en su más reciente columna de opinión publicada en la revista Semana.

El exministro insiste en que la solución pasa por la acción decidida del Congreso y del Ejecutivo: “La protección de sus derechos no puede seguir subordinada a debates ideológicos o interpretaciones restrictivas del alcance punitivo del Estado”, aseguró. Para él, la implementación de una cadena perpetua revisable, en concordancia con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, debe contar con un respaldo multipartidista y un amplio consenso social.

En todo caso, en un país donde la violencia contra la niñez parece no ceder, el planteamiento de Ruiz cobra especial relevancia, pero la pregunta no es si la cadena perpetua es viable o no, sino si Colombia está dispuesta a tomar decisiones firmes para garantizar que nunca más un niño o niña tenga que enfrentar el horror del abuso.