Secretario del Senado denunció amenazas e intimidaciones tras el hundimiento de la consulta popular

Durante la sesión plenaria del Senado de la República del miércoles 14 de mayo de 2025, el ambiente político vivió una de sus jornadas más tensas del año. El hundimiento de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro no solo marcó un revés importante para el Ejecutivo, sino que también desató una cadena de enfrentamientos verbales, acusaciones de fraude e incluso amenazas contra uno de los funcionarios clave del Congreso: el secretario general del Senado, Diego González.

El punto más álgido del debate, curiosamente, se produjo minutos después de cerrarse oficialmente la votación. En medio de un recinto cargado de tensión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo su primera intervención pública sobre la caída de la consulta.

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En lugar de un discurso conciliador, el alto funcionario protagonizó un altercado que rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes difundidas mostraron a Benedetti acercándose de manera abrupta a González, extendiendo los brazos en un gesto interpretado como un manoteo. El gesto encendió aún más los ánimos ya caldeados dentro del Senado.

El Gobierno nacional no tardó en reaccionar. Benedetti calificó de “fraude” la actuación del secretario del Senado y del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, durante el proceso de conteo y certificación de los votos. Además, anunció que presentará denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Diego González, por su parte, rechazó con firmeza las acusaciones. “Es falso que haya incurrido en alguna irregularidad en el proceso de conteo y certificación de los votos”, afirmó ante los medios de comunicación. Añadió que tiene la conciencia tranquila y que no contempla, por ahora, emprender acciones legales contra el ministro Benedetti, aunque consideró sus declaraciones como “temerarias”.

Pero, lo que empezó como un debate político sobre un mecanismo de participación ciudadana, rápidamente se transformó en una polémica personal. Según confirmó RCN Radio, el propio Diego González ha comenzado a recibir amenazas e insultos de diversa índole a través de mensajes de redes sociales y correo electrónico.

Algunos de los mensajes recibidos por el secretario son explícitamente agresivos. En uno de ellos se puede leer: “Eres un hipócrita y mal nacido. Cómo es posible negar la votación que es necesaria para nuestro pueblo y trabajadores del país. Eres un insecto insignificante para la nación colombiana”.

Otro mensaje, cargado de un tono religioso y apocalíptico, dice: “Dios castigue tu acto y mala fe. Que el nombre de Dios y la santísima Virgen nos colme la salvación en Colombia... y en su mano colme la igualdad y la justicia colombiana... Que Dios te bendiga sus actos y en su voluntad justicia divina”.

En redes sociales, varios usuarios también se han sumado a la ola de indignación. En una publicación de X, una cuenta utiliza hashtags como #FueraEsteHPDelCongreso y #FueraElTraidor. Otro usuario escribió: “Él es Diego González, secretario del Senado, lavaperro de Efraín Cepeda. Él fue quien ejecutó la trampa, prefirió hacerle un mandado a su jefe (Cepeda) y darle la espalda al pueblo robándole el voto decisivo”.

El episodio no puede desligarse del momento político que vive el país. La consulta popular, promovida por el presidente Petro como una vía para validar reformas estructurales, se hundió en medio de críticas sobre su conveniencia, legalidad y costo.

El rechazo legislativo ha sido interpretado por sectores del oficialismo como una traición a las necesidades del pueblo, lo que ha exacerbado las divisiones internas del Congreso y abierto un nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El caso de Diego González se convierte así en un símbolo de esa fractura institucional. Mientras desde el Gobierno se insiste en que hubo una maniobra para evitar que la consulta avanzara, desde el Congreso se defienden los procedimientos utilizados y se denuncia una estrategia de presión política por parte del Ejecutivo.