La reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional vuelve al Congreso tras la revocación de su archivo inicial y será analizada por la Comisión Cuarta del Senado.
Este nuevo escenario genera expectativa sobre las posibilidades de avanzar en el proyecto, dada la composición diversa de la comisión y las posturas variadas frente a la iniciativa.
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A continuación, el detalle de los integrantes y su posición frente a la consulta popular, indicador clave de sus tendencias respecto a la reforma:
Integrantes de la Comisión Cuarta y su posición frente a la consulta popular:
- Aída Avella (Pacto Histórico): Votó a favor.
- Diela Liliana Benavides (Partido Conservador): No votó.
- John Besaile (Partido de La U): Votó a favor.
- Enrique Cabrales (Centro Democrático): Votó en contra.
- Laura Fortich (Partido Liberal): Votó a favor.
- Richard Fuelantala (AICO): No votó.
- Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical): Votó en contra.
- Juan Felipe Lemos (Partido de La U): Votó en contra.
- Carlos Meisel (Centro Democrático): Votó en contra.
- Juan Samy Merheg (Partido Conservador): Votó en contra.
- Claudia Pérez (Partido Liberal): Votó a favor.
- Paulino Riascos (Afro): Votó a favor.
- John Jairo Roldán (Partido Liberal): Votó a favor.
La distribución final muestra un equilibrio delicado: siete senadores respaldaron la consulta popular, cinco se opusieron y dos se abstuvieron o no participaron.
Este balance refleja una Comisión Cuarta con posiciones divididas, que planteará un escenario de negociación complejo para el Gobierno.
Además, el rechazo a la consulta popular y el plazo límite hasta el 20 de junio para completar el trámite legislativo exigen agilidad y consenso para que la reforma laboral pueda avanzar en el Congreso.
La decisión de trasladar el proyecto de reforma laboral a la Comisión Cuarta se dio luego de que los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico) presentaran una apelación que fue respaldada por 68 votos a favor y solo 3 en contra en la plenaria del Senado.
Este recurso fue fundamental para revocar el archivo inicial del proyecto, que había sido decidido por la Comisión Séptima el pasado 18 de marzo.
La nueva comisión, presidida por Angélica Lozano (Alianza Verde), presenta una composición diversa que refleja distintas posturas políticas frente a la reforma.
El vicepresidente es Carlos Farelo, de Cambio Radical, quien se opuso a la consulta popular que el Ejecutivo había solicitado sobre algunos aspectos del proyecto, y que finalmente fue rechazada por el Senado.
El rechazo a la consulta popular, que habría tenido un costo estimado de 700.000 millones de pesos según la Registraduría Nacional, obliga al Gobierno a buscar consensos dentro del Congreso para avanzar con la reforma.
El plazo para completar el trámite legislativo vence el 20 de junio, lo que deja un margen de tiempo limitado para las discusiones y votaciones necesarias.
Las estrategias de Benedetti para seguir adelante con la reforma laboral
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció acciones legales tras el rechazo de una consulta popular en la plenaria del Senado.
Acusa al secretario general del Senado, Diego González, de cometer fraude durante la votación, al cerrarla antes de tiempo y alterar los resultados.
Según Benedetti, el sistema de votación solo estuvo abierto por menos de tres minutos, pese a que el reglamento permite hasta 30, y al menos cuatro senadores no alcanzaron a votar a favor de la propuesta.
Además, denunció que se modificó un voto del “sí” para sumarlo al “no”, lo que habría cambiado el resultado final. Calificó de “malandrines” tanto a González como al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y anunció que interpondrá una demanda ante la Fiscalía.
Según el ministro, estas acciones podrían constituir delitos con penas de cárcel. Por su parte, el secretario general del Senado defendió la legalidad del proceso, aseguró que no hubo irregularidades y presentó pruebas que respaldarían su actuación.
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