
En la mañana del jueves 15 de mayo el Pacto Histórico, partido de Gobierno, radicó una proposición ante la Mesa Directiva del Senado para reabrir la votación para la consulta popular con la que el Gobierno busca avalar la reforma laboral.
“Los suscritos senadores de la República proponemos a la Plenaria del Senado la reapertura de la votación de la consulta popular”, haciendo referencia a presuntas irregularidades que impidieron en legítimo desarrollo del proceso.
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Los llamados de Petro
Desde su visita oficial a China, el presidente Gustavo Petro solicitó públicamente al Senado de la República que reconsidere su reciente decisión de rechazar la convocatoria de una consulta popular. El mandatario expresó su desacuerdo con el resultado y pidió que el asunto sea nuevamente sometido a votación. Sin embargo, su solicitud enfrenta serios obstáculos jurídicos y procedimentales.

El pronunciamiento del presidente se produjo luego de que el Senado negara el aval necesario para dar trámite a la propuesta de consulta. Esta herramienta, contemplada en la legislación colombiana, permite que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre asuntos de gran relevancia nacional. La consulta impulsada por el gobierno pretendía convertirse en un mecanismo para respaldar reformas estructurales, en línea con los objetivos de su administración.
Durante su intervención, el jefe de Estado responsabilizó directamente a la mesa directiva del Senado, en cabeza de Efraín Cepeda, por el resultado adverso. Aun así, no ofreció argumentos jurídicos que sustenten su petición de repetir la votación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad de su solicitud.

“Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como respuesta. Llegó la hora del pueblo”,aseveró el presidente Petro.
Desde el punto de vista normativo, la Ley 5ª de 1992 —que regula el funcionamiento del Congreso— no contempla la posibilidad de repetir una votación en plenaria únicamente por solicitud del presidente de la República. Esta normativa establece con claridad los procedimientos para la toma de decisiones legislativas y no prevé mecanismos excepcionales que permitan revertir una votación negativa bajo ese tipo de petición.
Sin embargo, dentro del debate parlamentario, integrantes del Pacto Histórico, bancada oficialista, activaron dos instrumentos que podrían abrir una puerta legal al intento del gobierno. En primer lugar, la senadora María José Pizarro presentó una apelación que deberá ser resuelta por la misma plenaria del Senado, según lo establece la ley para este tipo de recursos.

“No esperábamos un hecho tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni si quiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores. Tuvieron que hacer trampa, como en el fraude del 19 de abril de 1970, que nos condujo a décadas de violencia”, dijo el jefe de Estado
Además, se planteó la posibilidad de reabrir el debate, otra figura que debe ser tramitada y resuelta por la plenaria. Ambas solicitudes están contempladas dentro de los procedimientos legislativos y representan las únicas vías formales a través de las cuales se podría reconsiderar la decisión ya tomada.
Expertos en derecho legislativo coinciden en que, más allá de estas dos herramientas, no existe otro mecanismo legal para revivir el trámite de la consulta. La normativa sobre mecanismos de participación ciudadana tampoco contempla alternativas en caso de que el Congreso rechace la convocatoria.
Con este panorama, la eventual repetición de la votación dependerá exclusivamente de las decisiones que tome el propio Senado frente a las solicitudes de la bancada del gobierno. Mientras tanto, el llamado del presidente Petro, aunque simbólicamente potente, carece por ahora de un sustento normativo claro que lo haga vinculante o automático.
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