Jóvenes en Paz: anuncian medidas para salvar el programa y garantizar la permanencia de 28.880 beneficiarios

El Ministerio de Igualdad y Equidad anunció que iniciará el trámite para la declaratoria de incumplimiento del Convenio 062 de 2024, que regula la ejecución del Programa Nacional Jóvenes en Paz. La decisión surge tras la identificación de irregularidades en la operación del programa, las cuales han sido confirmadas mediante una revisión exhaustiva realizada por la interventoría.

Según informó el ministerio, estas fallas afectaron la implementación del programa y se atribuyen al cooperante encargado de su ejecución. “el proceso entra en una etapa de transición que permita subsanar las falencias presentadas en la ejecución del programa”, destacó la cartera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El ministerio destacó que las alertas sobre las irregularidades fueron inicialmente transmitidas por jóvenes vinculados al programa, así como por proveedores y trabajadores. En respuesta, la cartera decidió comenzar un proceso de transición para corregir las deficiencias detectadas y garantizar la continuidad del programa. Además, se comprometió a realizar los trámites necesarios para asegurar que la Unión Temporal Territorio y Paz, entidad encargada de la operación, cumpla con las obligaciones laborales adquiridas con sus trabajadores.

El viceministro de la Juventud, adscrito al Ministerio de Igualdad y Equidad, Pablo Mateo Zabala, envió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios del programa, asegurando que se está actuando con rapidez, transparencia y responsabilidad para proteger los derechos laborales de los trabajadores y garantizar la continuidad del proyecto. En palabras del ministerio, el objetivo es mantener el compromiso con las juventudes del país y evitar interrupciones en la atención que reciben.

El Programa Nacional Jóvenes en Paz, que busca atender a jóvenes en situación de vulnerabilidad, está enfrentando dificultades operativas y administrativas en su implementación. Según señaló el ministerio el lunes 12 de mayo, estas complicaciones fueron abordadas mediante un proceso de trabajo conjunto con la Unión Temporal Territorio y Paz, con el propósito de revisar y avanzar en el cumplimiento de los compromisos contractuales. El esfuerzo también incluye garantizar condiciones laborales justas para todos los colaboradores y proveedores involucrados en la operación del programa.

A pesar de los desafíos, el programa logró avances significativos. Hasta el 30 de abril de 2025, se vinculó a 28.886 jóvenes en 73 municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Cesar y Valle del Cauca.

En 20 de estos municipios, se ha alcanzado más del 80% de la meta de vinculación establecida, lo que demuestra el impacto positivo del programa en las comunidades beneficiadas. Para la cartera, los resultados subrayan la importancia de normalizar las operaciones para evitar interrupciones que puedan afectar a los jóvenes participantes.

El ministerio también destacó el compromiso de los trabajadores que han mantenido sus labores a pesar de las dificultades, permitiendo que el programa continúe ofreciendo una atención integral. El enfoque busca romper los ciclos de vulneración derivados de la violencia estructural y el conflicto armado, que afectan a muchas de las comunidades atendidas.

Ante la circulación de información imprecisa sobre el programa, el Ministerio de Igualdad y Equidad reiteró que cualquier actualización oficial será comunicada exclusivamente a través de sus canales institucionales. Asimismo, reafirmó su compromiso de garantizar condiciones dignas para los integrantes del equipo del programa y de construir respuestas efectivas y transparentes para las juventudes de Colombia.

Entre las principales líneas de acción del programa destacan el levantamiento de información territorial, que permite adaptar el programa a las características específicas de cada región. Dicho proceso incluye la recopilación de datos sobre actores locales, vocación económica y necesidades comunitarias, lo que facilita la conexión con ofertas institucionales y asegura la sostenibilidad del programa a largo plazo. Asimismo, se lleva a cabo una búsqueda activa de jóvenes en riesgo, en colaboración con organizaciones comunitarias y entidades locales, para inscribirlos y caracterizarlos en términos psicoemocionales, socioeconómicos y familiares.

Un aspecto determinante del programa es la promoción de compromisos de desarme y un nuevo pacto social con los jóvenes involucrados en pandillas, grupos delincuenciales o en riesgo de integrarse a ellos. Según lo establecido, los jóvenes deben comprometerse a evitar el consumo de sustancias psicoactivas y a participar en actividades de capacitación y transformación social. El enfoque señalado pretende proteger la vida e integridad de los jóvenes, al tiempo que fomenta la convivencia pacífica en sus comunidades.