Experto afirmó que Gustavo Petro podría aprovechar la “resonancia social” que provocará el hundimiento de la consulta popular

En la tarde del 14 de mayo, en la Plenaria del Senado de la República se registró el hundimiento de la consulta popular que estaba siendo impulsado por el Gobierno nacional, lo que ha provocado varias reacciones por parte de figuras políticas del país.

Al final, con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria votó en contra de las preguntas con las que el Gobierno Petro buscaba revivir la reforma laboral. Con denuncias de una presunta trampa y un llamado de movilización social, el presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar al respecto.

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“Personalmente, me reuniré con el cabildo popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular como jefe de las fuerzas militares de Colombia y presidente legítimo de la República y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Sergio Morales, analizó lo registrado en el Congreso de la República.

En primer lugar, Morales indicó que el hundimiento de la consulta popular es una demostración de la importancia del control político.

“El hecho de que el Senado hundiera la consulta popular es un momento clave para analizar la fórmula de peso contra peso de Colombia. Desde un punto de vista constitucional, es un resultado que refleja el ejercicio del control político que realiza el Congreso. También tienen el deber de emitir un concepto sobre los métodos de participación popular”.

De la misma forma, recordó que hay varias preguntas que generaban polémica y que en caso de aprobarse la reforma laboral por medio de una consulta popular, escenarios así se repetirían.

“Su viabilidad está condicionada, debo recordar que varios juristas habían anticipado eso al considerar que las preguntas que excedían el marco de lo consultable en este tipo de mecanismos. Puede leerse como una anticipación del control judicial que se activaría en caso de que la consulta se aprobara de manera inapropiada”.

El experto analizó los aspectos positivos y negativos para el Gobierno nacional de lo registrado en el Congreso, siendo la posibilidad de defender la reforma uno de los puntos más mencionados.

“Desde el punto jurídico, representa un golpe inmediato; sin embargo, el giro hacia el congreso puede beneficiar al Gobierno nacional si completa la reforma laboral con una ley deliberada y consistente. Al reactivar el debate, el Gobierno tiene la posibilidad de recuperar la iniciativa y que la gente acepte la norma”.

Para Morales, lo negativo para el Gobierno Petro es que no podrá tener un termómetro de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Si el Gobierno logra involucrar eso puede salir favorecido; sin embargo, la consulta popular también era un termómetro del respaldo para las presidenciables. Esta ambigüedad revela que detrás de la consulta había un interés de confirmar la legitimidad del Gobierno ante el electorado, esto, más que simbólico, es un golpe táctico”.

Al hablar de la posibilidad de que Gustavo Petro aproveche el escándalo para quedar “bien parado”, el experto indicó que esta es una posibilidad, pero en su consideración, sería el camino incorrecto para el mandatario.

“Desde la narrativa, el presidente lo puede aprovechar para consolidar su imagen de líder popular y eso puede tener resonancia social. Ahora bien, el capital político se puede beneficiar si se demuestra que puede actuar en el marco de lo institucional. Cuando la participación busca suplantar la representación, se debilita el sistema. Petro puede salir bien librado si transita del discurso de confrontación, a un consenso”.

Por último, indicó que el hundimiento de la consulta popular concluye con la intención del mandatario nacional de reemplazar la representación de la ciudadanía en el congreso con un mecanismo popular.

“La respuesta del Congreso confirma que el presidente no puede reemplazar al legislativo, intentar poner una consulta con preguntas que sobrepasan lo jurídico puede considerarse una vía inadecuada, las vías institucionales no pueden ser cambiadas por presión social”.