La Fiscalía General de Colombia solicitó formalmente una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá para imponer una medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y figura clave en la inteligencia del Gobierno de Gustavo Petro.
González está acusado de ser el principal artífice de un esquema de sobornos que involucra la entrega de cuatro mil millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, con el objetivo de garantizar la aprobación de reformas impulsadas por el gobierno, según El Tiempo.
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De acuerdo con el medio, las acusaciones contra González se basan en declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes lo señalan como el cerebro detrás de las transacciones ilícitas.
Además, Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones y actualmente detenida, ha declarado que actuó bajo las órdenes de González al entregar los sobornos a Name, quien es su copartidario en la Alianza Verde.
González asumió la dirección del Dapre el 26 de abril de 2023, tras un proceso de empalme con su predecesor, Mauricio Lizcano.
Su nombramiento fue estratégico para el Pacto Histórico, debido a su trayectoria política y su respaldo a Petro durante las elecciones presidenciales.
Sin embargo, investigaciones del medio mencionado revelan que, mientras organizaba reuniones con líderes regionales en la precampaña presidencial, dos corporaciones vinculadas a su entorno familiar participaron en procesos contractuales millonarios con la Alcaldía de Bogotá.
Las corporaciones en cuestión, Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia, han recibido contratos por más de doce mil millones de pesos en las últimas dos décadas, incluyendo administraciones anteriores como la de Bogotá Humana, liderada por Petro.
En abril de 2023, la Secretaría Distrital de Integración Social adjudicó seis contratos a estas entidades por un total de 3.800 millones de pesos, destinados a programas de alimentación para poblaciones vulnerables.
Ambas corporaciones participaron en un proceso público junto a otros 37 proponentes.
Aunque la esposa de González, Luz Dana Leal, dejó el consejo directivo de estas corporaciones en 2021, no hay evidencia de que González haya renunciado a su cargo en Sor Teresa de Calcuta, que actualmente registra un patrimonio de 1.666 millones de pesos.
Además, González y Leal figuran como socios en la empresa Dansgold S.A.S., que ha otorgado préstamos por cerca de 3.000 millones de pesos a candidatos de la Alianza Verde y a la propia colectividad.
Aunque González renunció como representante legal de la compañía, esta mantiene un capital de 3.668 millones de pesos.
La declaración de renta más reciente de González muestra un patrimonio bruto de 12.508 millones de pesos, con deudas por 8.711 millones, lo que deja un patrimonio líquido de 3.796 millones. Además, junto a su esposa, posee bienes inmuebles valorados en 3.721 millones de pesos.
Entre sus propiedades destacan varios apartamentos en Bogotá, un lote en Girón, Santander, y otro en Sopó, así como una oficina en el edificio Metropolitan Business Park.
El historial de González también incluye una condena en 2005 por falsificación de documentos relacionados con su campaña al Concejo de Bucaramanga. Aunque la condena fue extinguida, este antecedente se suma a las actuales investigaciones sobre sus actividades financieras y políticas.
Entre las transacciones inmobiliarias de González, El Tiempo destaca la compra de un apartamento en Bogotá en 2014, cuando ya era directivo de la Alianza Verde. La propiedad, de 266 metros cuadrados, fue adquirida por 1.052 millones de pesos.
Además, en 2009, negoció otro apartamento en la capital con Karla Achury, antigua candidata al concejo municipal por la misma colectividad. También se registran adquisiciones en Bucaramanga y un lote en Sopó, cuya procedencia está vinculada a un baldío adjudicado por el Incora.
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