A partir del 1 de julio de 2025, los pensionados en Colombia que reciban ingresos superiores a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), es decir, $14.235.000, deberán hacer una contribución obligatoria al Fondo de Solidaridad Pensional. La medida forma parte de la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, cuyo objetivo es establecer un sistema más equitativo y solidario.
Aunque la normativa ya fue sancionada, la implementación aún depende de la revisión de la Corte Constitucional, que analiza posibles irregularidades en el proceso legislativo.
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De acuerdo con la reforma, los jubilados con ingresos entre 10 y 20 salarios (entre $14.235.000 y $28.470.000) deberán aportar un 1% de la pensión al fondo, mientras que aquellos que perciban más de 20 salarios (más de $28.470.000) contribuirán con un 2%. El descuento se aplicará de manera automática, sin importar si el pensionado está afiliado a Colpensiones o a un fondo privado.
Los recursos recaudados se destinarán a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, con el propósito de apoyar a los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema.
El sistema de pensiones reformado se estructura en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Uno de los cambios más importantes es que todos los trabajadores formales deberán cotizar en Colpensiones, y solo aquellos con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos ($3.274.050) destinarán el excedente a fondos privados. El ajuste busca eliminar la competencia entre Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
La reforma también establece que ciertos trabajadores deberán hacer aportes adicionales al Fondo de Solidaridad Pensional:
- Quienes perciban entre 7 y 11 salarios mínimos (entre $9,964.500 y $15.658.500) contribuirán con un 1,8% extra sobre su ingreso base de cotización (IBC)
- Quienes perciban ingresos entre 11 y 19 salarios mínimos (entre $15.658.500 y $27.046.500) estarán sujetos a un aporte del 2,5%.
- Para aquellos con un IBC entre 19 y 20 salarios mínimos (entre $27.046.500 y $28.470.000), el porcentaje será del 2,8%-
- Quienes superen los 20 salarios mínimos deberán aportar un 3%.
Según la exposición de motivos de la reforma, el esquema se fundamenta en el principio de solidaridad intergeneracional, donde los afiliados con mayores ingresos contribuyen al sostenimiento del sistema y al respaldo de los sectores más vulnerables. Entre los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional se encuentran artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros, mujeres microempresarias, madres comunitarias, personas con discapacidad y miembros de cooperativas de trabajo asociado, entre otros.
A la espera de la Corte Constitucional
No obstante, la implementación de la reforma enfrenta desafíos legales. La Corte Constitucional estudia varias demandas que cuestionan la constitucionalidad del proyecto, incluidas posibles fallas en el procedimiento legislativo.
Además, una ponencia negativa del magistrado Jorge Enrique Ibáñez generó incertidumbre sobre el futuro de la normativa. La Procuraduría también intervino en el proceso tras un error que obligó a reemplazar al funcionario encargado de emitir concepto sobre la reforma.
En caso de que la Corte no emita un fallo antes del 1 de julio de 2025, la reforma entrará en vigor de manera automática, lo que generó preocupación entre expertos y sectores políticos. Mientras tanto, el Gobierno solicitó que se desarrollen audiencias pública para debatir los alcances de la normativa, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y el alto tribunal.
Por otro lado, la reforma establece excepciones para ciertos pensionados. Aquellos que reciban entre 1 y 9 salarios mínimos ($1.423.500 y $12.811.500 no estarán sujetos a los nuevos descuentos, por lo que mantendrán intacta su mesada.
La medida busca proteger a los jubilados con ingresos más bajos, asegurando que los ajustes recaigan únicamente sobre quienes perciben pensiones más altas.
El cambio en el sistema de pensiones también incluye la creación del Fondo de Solidaridad Pensional, que permitirá a personas mayores en condiciones precarias acceder a una pensión, incluso si no cuentan con los recursos necesarios para completarla. El fondo se financiará con las contribuciones de pensionados y trabajadores, lo que consolidará un modelo que prioriza la redistribución de recursos para garantizar una vejez digna a los sectores más vulnerables de la población.
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