Un documento que certifica la militancia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el movimiento político Colombia Humana ha generado controversia en el ámbito político del país.
El documento, fechado el 6 de mayo de 2025 y firmado por Andrea Vargas De la Hoz, secretaria general de la colectividad, asegura que Benedetti es militante desde octubre de 2021.
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Sin embargo, el propio ministro reconoció que no figura en el Registro Único de Partidos Políticos del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha desatado dudas sobre la autenticidad del certificado y su propósito.
El origen de la polémica se remonta al decreto presidencial que delegaba funciones del presidente Gustavo Petro al ministro Benedetti durante un viaje oficial a China.
Aunque el decreto fue publicado en la página web del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y firmado por el propio Petro, el mandatario desmintió la información, aclarando que el encargado sería el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Este episodio, inicialmente atribuido a un posible desorden administrativo, adquirió mayor relevancia cuando el presidente del Senado, Efraín Cepeda, reveló una carta oficial en la que Petro notificaba que Benedetti asumiría funciones presidenciales durante su ausencia.
La Constitución colombiana, en su artículo 196, establece que el presidente solo puede delegar funciones en un ministro que pertenezca a su mismo partido o movimiento político.
En este contexto, el documento que certifica la militancia de Benedetti en Colombia Humana resulta clave. Sin embargo, al consultar el registro oficial del CNE, no aparece evidencia de que Benedetti sea miembro de dicha colectividad.
El ministro admitió esta situación, explicando que aunque se acordó su ingreso al movimiento en octubre de 2020, no se realizó el registro formal.
“No solo es alzar la mano y decir que se es parte, sino que debe haber un registro y no lo había”, declaró Benedetti, que también señaló que el documento no pasó por sus manos y que la responsabilidad recae en la Secretaría Jurídica, liderada por Augusto Ocampo.
“Los decretos los proyecta siempre Secretaría Jurídica, no depende del Dapre ni de la jefatura de despacho. Depende directamente del presidente de la República”, afirmó el ministro del Interior.
La controversia escaló cuando se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía delegada de la Corte Suprema de Justicia contra la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Rodríguez respondió mediante un comunicado, calificando las acusaciones como “ataques personales y desinformación” y asegurando que las conductas señaladas no forman parte de sus funciones. Esto trasladó nuevamente la responsabilidad al secretario jurídico de la Presidencia.
“Estos ataques también constituyen una grave vulneración a mis derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana”, dijo la directora del Dapre.
El documento que certifica la militancia de Benedetti fue firmado por Andrea Vargas De la Hoz, que además de ser representante legal de Colombia Humana, ha estado involucrada en otras controversias. En marzo de 2023, el Tribunal Superior de Bucaramanga la sancionó con dos días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales por desacatar una orden de tutela que protegía el derecho fundamental de petición de un ciudadano.
Según el tribunal, su conducta fue deliberada y constituyó un incumplimiento del fallo judicial.
El certificado emitido por Vargas De la Hoz indica que Benedetti solicitó el documento para ratificar su militancia, pero no ofrece detalles adicionales sobre el proceso de registro.
Este cruce de versiones entre funcionarios ha generado incertidumbre sobre la veracidad del documento y las implicaciones legales que podría tener.
Mientras tanto, Benedetti, en tono irónico, expresó dudas sobre si será considerado nuevamente para asumir funciones presidenciales tras este incidente. “Después de este problema no sé si me vayan a tener en cuenta”, comentó.
La situación puso en el centro del debate la transparencia en los procedimientos administrativos y la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la emisión de documentos oficiales.
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