Carlos Ramón González estaría buscando asilo político tras anuncio de la Fiscalía sobre imputación de cargos por caso de la Ungrd

No para el escándalo por el presunto desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) después de que la Fiscalía General de la Nación solicitara formalmente una audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlos Ramón González.

De hecho, horas después de conocerse de la solicitud, en medio de la fuerte tensión que se vive en el Congreso de la República por cuenta de la votación para dar concepto a la consulta popular radicada por el Gobierno nacional, fuentes cercanas al exfuncionario de alto nivel señalaron que estaría intentando pedir asilo político.

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Según la información conocida por El Tiempo de parte de miembros del partido Alianza Verde, el trámite ya estaría en curso, lo que coincidiría con el nuevo proceso que intenta abrirle el ente acusador.

Frente a los rumores, el abogado defensor de González, el penalista Iván Cancino, afirmó que su cliente es inocente y que enfrentará el proceso con argumentos jurídicos.

“Estamos tranquilos. Vamos a defendernos con argumentos jurídicos. Él es inocente”, aseguró Cancino en declaraciones entregadas al diario nacional.

Sin embargo, el togado aseguró que no tiene conocimiento sobre la supuesta solicitud de asilo, pese a que confirmó que mantiene comunicación constante con su cliente a través de videollamadas.

“Lo desconozco. Solo le puedo decir que me hablo con él todos los días vía zoom”, comentó el abogado Cancino.

La Fiscalía General de la Nación ha decidido avanzar en el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con una nueva imputación que apunta directamente a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según informó el ente investigador este miércoles 14 de mayo, González será vinculado formalmente al proceso judicial y se solicitará una medida de aseguramiento en su contra. Este hecho lo convierte en el funcionario de mayor rango del gobierno de Gustavo Petro en enfrentar cargos relacionados con este escándalo.

De acuerdo con la Fiscalía, González habría desempeñado un papel clave en las órdenes emitidas desde la Presidencia para presuntamente sobornar a los expresidentes del Congreso, el senador Iván Name y el representante a la Cámara Andrés Calle, quienes fueron capturados el 7 de mayo por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Según las investigaciones, los sobornos habrían sido de 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle, con el objetivo de garantizar su apoyo a reformas clave del gobierno, como la pensional y la del sistema de salud.

El caso se sustenta en los testimonios de dos testigos principales: Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión para el Manejo de Desastres.

Ambos señalaron que González habría dado instrucciones directas para entregar los sobornos. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en una reunión en septiembre de 2023, donde, según López, González ordenó el pago de 3.000 millones de pesos a Name.

Además, la investigación también vincula a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien habría entregado personalmente las sumas de dinero a los congresistas en Bogotá y Montería.

La Corte Suprema de Justicia ha avalado un conjunto de pruebas recopiladas por la fiscal María Cristina Patiño, que incluyen registros de llamadas, movimientos financieros, migratorios y digitales, así como grabaciones de cámaras de seguridad en la Casa de Nariño.

Estas evidencias podrían ser determinantes para confirmar la participación de González en los hechos. Una de las grabaciones muestra un encuentro en la oficina de González con Ortiz y López, donde supuestamente se dio la orden de sobornar a Name.

En su defensa, González ha negado haber emitido dichas órdenes, aunque reconoció su cercanía con Ortiz y Name, con quienes compartió militancia en el Partido Verde.

Según los magistrados, esta relación previa podría haber sido un factor para buscar el apoyo del senador en los proyectos del gobierno. Por su parte, el abogado de González, Iván Cancino, afirmó que su cliente ha respondido a todas las citaciones judiciales y negó que esté evadiendo la justicia, aunque admitió desconocer si González planea solicitar asilo en el extranjero. Actualmente, el exdirector del Dapre se encuentra fuera del país, posiblemente en España, tras haber declarado inicialmente que viajaría a Costa Rica y otros países de Centroamérica.