Polémica por nombramiento de Alexánder López, exdirector de Planeación Nacional, como delegado para la Gobernanza Territorial en la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación designó a Alexander López nuevo procurador delegado para la Gobernanza Territorial.

El nombramiento, formalizado mediante decreto con fecha del 13 de mayo, marca el ingreso del exsenador a una de las dependencias clave dentro del organismo de control.

López, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y antiguo dirigente sindical, ha sido una figura visible del movimiento político Pacto Histórico, coalición que respalda al actual presidente de la República, Gustavo Petro.

Su paso por el Congreso se interrumpió en 2023, luego de que el Consejo de Estado anulara su curul al hallar configurada la doble militancia, una sanción que lo dejó fuera del Legislativo.

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Posteriormente, fue designado como cabeza del DNP, una entidad de carácter técnico en la que su nombramiento generó debate debido a cuestionamientos relacionados con su experiencia en áreas especializadas y sus credenciales académicas.

A pesar de esas objeciones, permaneció en el cargo por varios meses.

La llegada de López a la Procuraduría se produce bajo la administración de Gregorio Eljach, procurador general ternado por el presidente Petro y elegido por el Senado. Su inclusión en el equipo directivo del Ministerio Público ha generado reacciones, principalmente por tratarse de un exfuncionario de alto perfil del actual gobierno y por la naturaleza jurídica del cargo que ahora asume.

La Delegada para la Gobernanza Territorial tiene entre sus responsabilidades el seguimiento a la gestión de los entes territoriales, la articulación con autoridades locales y el impulso de estrategias de control preventivo en regiones del país.

Tradicionalmente, ha sido ocupada por profesionales con trayectoria jurídica o experiencia en administración pública territorial.

En el caso de López, su perfil combina una carrera política desde el sindicalismo y el Congreso, además de su reciente paso por Planeación Nacional.

No obstante, su hoja de vida no incluye estudios en derecho ni una trayectoria profesional específicamente jurídica, lo cual ha generado interrogantes en algunos sectores sobre la idoneidad técnica para el cargo delegado que ahora ocupa.

Este nombramiento se da en un contexto de mayor escrutinio sobre los órganos de control, en especial por la cercanía política de varios de sus altos funcionarios con el Ejecutivo, un aspecto que ha sido objeto de debate público en distintos escenarios institucionales y mediáticos.

Cinco años después de que se hiciera público el caso de interceptaciones ilegales conocido como Carpetas Secretas, la Procuraduría General de la Nación impuso sanciones disciplinarias contra nueve militares del Ejército Nacional implicados en estos hechos.

Las decisiones, que contemplan suspensiones e inhabilidades de entre tres y seis meses, fueron dirigidas a oficiales que participaron en operaciones de perfilamiento a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y figuras políticas.

De acuerdo con el fallo, los uniformados excedieron sus funciones en el ámbito de la inteligencia militar al recolectar información personal y profesional sobre ciudadanos sin contar con una justificación legal o una amenaza real a la seguridad nacional.

Entre los sancionados se encuentran altos mandos del Ejército, incluidos un brigadier general y varios coroneles, mayores y un teniente, quienes habrían ordenado o ejecutado directamente las acciones de vigilancia.

El oficial de mayor rango en la lista es el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, excomandante de los centros de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, sancionado con cinco meses de suspensión.

Una sanción de igual duración se impuso al coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, quien lideraba la Brigada de Inteligencia Militar No. 1, instancia desde la cual se emitieron varias de las órdenes que dieron origen a los perfilamientos.

Otros oficiales, como los coroneles Benjamín Ramírez Villalobos, Julio Tobías López Cuadros y Hugo Armando Díaz Hernández, así como varios mayores y un teniente, recibieron sanciones de tres meses.

El castigo más severo, de seis meses, recayó sobre el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, comandante del Batallón de Ciberinteligencia (Bacib), por su papel operativo central en las tareas de monitoreo.